Keiko Fujimori y Roberto Sánchez cerraron sus campañas presidenciales en Perú bajo un estricto empate técnico para el balotaje del domingo. La elección definirá el rumbo del país entre la centroderecha tradicional y las reformas radicales de la izquierda.
La encrucijada electoral peruana ingresó en su fase definitiva tras la clausura de los actos públicos de las agrupaciones que disputarán el control del Ejecutivo el próximo fin de semana. Los últimos relevamientos demoscópicos exhiben un empate técnico entre la opción conservadora y el bloque de tendencia izquierdista, situando las oscilaciones de respaldo dentro de los desvíos metodológicos habituales de los sondeos. En este clima de paridad, la líder de Fuerza Popular apeló a la movilización ciudadana para bloquear el ascenso de fórmulas radicales, presentándose como la garante del restablecimiento de la autoridad institucional y el crecimiento financiero frente al riesgo de desestabilización que, según sus adherentes, representaría un triunfo de su oponente en el actual contexto de volatilidad regional.
En la vereda opuesta, el parlamentario y exmiembro del gabinete ministerial, Roberto Sánchez, encabezó una populosa concentración donde proyectó su eventual victoria como el sepelio definitivo de las estructuras tradicionales de poder y las dinastías políticas salpicadas por causas judiciales de corrupción. El candidato de orientación progresista, quien sostuvo durante todo el trayecto de la campaña símbolos vinculados a las bases agrícolas del interior, focalizó sus consignas en la impugnación del legado histórico del fujimorismo, capitalizando el descontento de las poblaciones rurales y de los sectores postergados frente a las dirigencias de la capital. La fragmentación parlamentaria heredada de una accidentada primera ronda electoral adelanta que, más allá del veredicto de las urnas, la gobernabilidad futura requerirá de complejos consensos legislativos en una república que arrastra una severa rotación en la jefatura del Estado durante la última década.
El desenlace de los comicios mantendrá en vilo a más de veinticinco millones de ciudadanos convocados de manera obligatoria a sufragar, en medio de una agenda pública copada por el incremento de los índices de criminalidad urbana y las extorsiones. Frente a las demandas de mano dura y control territorial que estructuran el discurso de la centroderecha, las plataformas de base cooperativista insisten en reformas distributivas estructurales para aprovechar el prolongado ciclo de solidez macroeconómica que ostenta el país andino. La jornada electoral del domingo pondrá a prueba la solidez del sistema institucional y dirimirá si el electorado opta por el retorno de los lineamientos económicos de los años noventa o por un quiebre en la matriz de representación política tradicional.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
