El Gobierno convocará a gremios y empresas para revisar más de 100 convenios colectivos vencidos. La medida busca descentralizar las paritarias a nivel regional o por empresa, limitar el financiamiento sindical y habilitar cambios en salarios y jornadas laborales.
El Poder Ejecutivo nacional agiliza la implementación de su agenda de transformaciones estructurales en el ámbito de las contrataciones mediante la próxima citación masiva a entidades gremiales y corporaciones patronales. La medida, coordinada por los despachos de la Secretaría de Trabajo, se ampara en las normativas complementarias publicadas recientemente que otorgan facultades extraordinarias a la administración para convocar a revisiones integrales en más de un centenar de sectores cuyos marcos contractuales se encuentran largamente caducos. El núcleo de la estrategia gubernamental reside en el fin de la prórroga automática indefinida de las pautas convencionales, otorgando un período acotado de doce meses para que los actores productivos redefinan tanto las remuneraciones como las metodologías operativas en un contexto signado por la contracción de los principales sectores demandantes de mano de obra.
La reglamentación de las reformas laborales introduce cambios sustanciales que limitan de forma severa el financiamiento de los aparatos sindicales, fijando topes estrictos a las retenciones por aportes solidarios calculados únicamente sobre los sueldos básicos. Desde los principales nucleamientos de la cúpula empresaria admiten que este nuevo andamiaje legal otorga una ventaja considerable para plantear flexibilizaciones en las jornadas de trabajo, la adopción de bancos de horas en reemplazo de los pagos por tareas extraordinarias y esquemas de retribución condicionados al rendimiento. Estas discusiones ocurren en medio de un escenario complejo de cesantías masivas en firmas agroindustriales y automotrices, lo que ha motivado movilizaciones de protesta hacia los centros cívicos en rechazo a las políticas de reestructuración corporativa.
El diseño conceptual impulsado por los equipos técnicos de desregulación apunta a desarmar el modelo tradicional de paritarias centralizadas con vigencia en todo el territorio nacional, promoviendo en su lugar la fragmentación de las mesas de debate hacia escalas provinciales, regionales o por establecimiento comercial. El nuevo articulado impone requisitos mínimos de representatividad que obligan a las organizaciones de empleadores a acreditar porcentajes fijos del padrón para sostener negociaciones generales; de lo contrario, se verán compelidos a atomizar los acuerdos firma por firma. Mientras diversos asesores jurídicos del sector privado advierten sobre los desafíos de implementación debido a la falta de afiliación de múltiples compañías a las cámaras tradicionales, las principales federaciones de trabajadores ya preparan estrategias de judicialización frente a cualquier intento de alteración de los derechos adquiridos.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
