Con el 94,392% de las actas contabilizadas por la ONPE, el candidato de Juntos por el Perú supera a Keiko Fujimori por 0,094 puntos porcentuales en un escenario de empate técnico que prolongará la proclamación oficial hasta julio.
Con el 94,392% de las actas contabilizadas por la ONPE, el candidato de Juntos por el Perú supera a Keiko Fujimori por 0,094 puntos porcentuales en un escenario de empate técnico que prolongará la proclamación oficial hasta julio.

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) presentó su último reporte oficial a las 14:58 horas de este 8 de junio, confirmando una modificación en el liderato de la contienda presidencial. El postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, pasó al primer lugar del escrutinio con el 50,047% de los votos válidos, desplazando por un estrecho margen a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien registró 49,953% de las preferencias.
Las cifras del organismo electoral detallaron que Sánchez acumuló 8’826,264 votos frente a los 8’809,665 obtenidos por Fujimori. La diferencia absoluta entre ambos competidores se situó en 16,599 sufragios, un escenario de extrema paridad que coincide con el conteo rápido integral de la Asociación Civil Transparencia e Ipsos, el cual otorgó un 50,3% al representante de izquierda y un 49,7% a la aspirante de Fuerza Popular.
En ese sentido, las autoridades de la ONPE informaron que restan procesar y computar un sector de los votos. Hasta el momento se contabilizaron 87,369 actas de un total de 92,766. Paralelamente, 1,517 actas impugnadas fueron derivadas al Jurado Electoral Especial para su revisión, mientras que 3,880 documentos permanecen pendientes de ingreso al sistema informático. El procesamiento continuará de manera progresiva con el arribo del material proveniente de las diversas regiones y del exterior.

La jornada electoral convocó a 26,1 millones de ciudadanos en el territorio nacional y a más de 1,1 millones de peruanos residentes en el extranjero. A diferencia de las Elecciones Generales del pasado 12 de abril, caracterizadas por severos retrasos en la apertura de los locales, el balotaje registró la instalación del 100% de las 90,223 mesas de sufragio antes del mediodía. La primera mesa inició sus funciones a las 5:35 horas en la región de San Martín.
Reportes de la asociación Ipsos señalaron que el escrutinio contó con una alta fiscalización partidaria, registrando la presencia de personeros en el 88,5% de las mesas observadas.
La agrupación Fuerza Popular logró cobertura en el 79,3% de los centros de votación, mientras que Juntos por el Perú acreditó representantes en el 65,2%. El informe institucional destacó además que en el 99,5% de los casos los miembros de mesa manifestaron conformidad con las cifras redactadas.

Ministerio Público reportó que, hasta el corte de las 13:30 horas, se registraron 24 personas detenidas y diez ocurrencias de relevancia penal en distritos fiscales como La Libertad, Cusco y Lima Norte.
Entre las principales infracciones destacaron la propaganda ilegal, inducción al voto y suplantación de electores. Adicionalmente, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó la detención de dos personeros acusados de inhabilitar 90 cédulas de sufragio, las cuales debieron ser sustituidas.
Durante las actividades matutinas, los dos contendientes mantuvieron agendas descentralizadas. La excongresista Fujimori participó de un desayuno en San Juan de Lurigancho, donde afirmó que esperaba que este fuera su último desayuno electoral, para luego sufragar en el distrito de San Borja.
Por su parte, el exministro Sánchez inició el día con una ceremonia religiosa en Huaral, acompañado de su equipo técnico, y retornó a la capital para emitir su voto en el mismo distrito limeño.
Proclamación oficial del nuevo mandatario para el periodo de gobierno 2026-2031 demorará un tiempo considerable respecto a procesos anteriores. Vocera del JNE, Grecia Renteria, explicó que los resultados correspondientes a las cámaras de senadores, diputados y Parlamento Andino se oficializarán a mediados de junio.
Sin embargo, la definición de la fórmula presidencial se postergará hasta mediados de julio debido a la implementación de una nueva etapa legal que faculta el recuento de los votos en el sistema electoral.
El panorama final dependerá del veredicto sobre las actas impugnadas y de la llegada de los últimos sufragios de las zonas rurales y los consulados. Queda por ver si las instituciones electorales resolverán las observaciones con la celeridad que exige la expectativa ciudadana, en un país que nuevamente divide sus preferencias de forma matemática y requerirá de consensos profundos para garantizar la gobernabilidad de los próximos cinco años.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
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