El imputado por el femicidio de Dalmasso intimó al viudo y al hijo de la víctima

El imputado Roberto Bárzola intimó a Marcelo y Facundo Macarrón a retractarse y pagar 300 millones de pesos por dañar su honor. La familia, que lo vincula al femicidio por pruebas de ADN, rechazó el reclamo considerándolo una revictimización.

Nora Dalmasso

La compleja trama judicial en torno al homicidio de Nora Dalmasso sumó un nuevo capítulo de alta conflictividad civil luego de que Roberto Bárzola, el especialista en pisos de madera vinculado recientemente al expediente penal, enviara una notificación formal a los familiares de la mujer asesinada en la localidad de Río Cuarto. Patrocinado por el letrado Zacarías Ramírez Rigo, el sospechoso reclama el pago de trescientos millones de pesos y una desmentida pública por parte de Marcelo y Facundo Macarrón, argumentando que las aseveraciones efectuadas por ambos durante las audiencias de destitución de los antiguos instructores de la causa destruyeron su buen nombre y vulneraron el principio de inocencia, configurando un linchamiento en las plataformas de comunicación antes de que se formalice un debate oral en su contra.

El reclamo económico y la exigencia de rectificación surgen tras las fuertes declaraciones de los allegados a la víctima en el marco del jury que derivó en la remoción de tres fiscales por mal desempeño y omisiones graves en las pesquisas. El núcleo familiar de la mujer estrangulada ratificó que no modificará su postura, señalando que la evidencia científica recopilada a finales del período anterior expone rastros capilares del trabajador en el área de la agresión y componentes genéticos en la prenda empleada como lazo mortal. Frente a esta intimación, el entorno de los Macarrón manifestó su indignación en ámbitos televisivos, catalogando la demanda del acusado como un proceso de revictimización sistémica, al tiempo que sus asesores legales aclararon no haber recibido la documentación física en sus oficinas y anticiparon que dirimirán los cuestionamientos en el fuero correspondiente respaldándose en los peritajes científicos vigentes.

Roberto Bárzola

La controversia penal de fondo se reactivó cuando nuevos cotejos sobre más de un centenar de muestras arrojaron compatibilidad con los datos biológicos del colocador de parqué, quien realizaba tareas de mantenimiento en el inmueble antes del trágico desenlace de noviembre de 2006. Mientras la querella familiar presiona para lograr una condena definitiva basada en el hallazgo de estas pruebas biológicas que permanecieron ignoradas por las anteriores autoridades, la defensa del nuevo involucrado interpuso recursos para declarar la caducidad de la acción estatal, amparándose en el transcurso de las casi dos décadas del hecho y los plazos de extinción previstos por las normas de fondo, un laberinto técnico que el Ministerio Público Fiscal deberá resolver en lo inmediato.

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