En un clima de tensión social, aquel fallo de la Corte marcó un punto de quiebre en el sistema político, con el kirchnerismo denunciando “proscripción” e iniciando una campaña por su libertad.
En un clima de tensión social, aquel fallo de la Corte marcó un punto de quiebre en el sistema político, con el kirchnerismo denunciando “proscripción” e iniciando una campaña por su libertad.
Este miércoles se cumplirá un año del histórico fallo judicial de la Corte Suprema por la causa Vialidad que ejecutó la pena contra la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, acontecimiento que marcó un punto de quiebre en el sistema político y que dejó en estado de shock y movilización permanente a los seguidores kirchneristas.
Los días que precedieron a la condena judicial se vivieron en un clima de extrema tensión social e institucional en toda la Argentina, con el Partido Justicialista (que había elegido como titular a la ex jefa de Estado) en estado de alerta deliberativo y vigilias de emergencia, denunciando un intento de “proscripción” para sacarla del escenario electoral que se avecinaba.
El 9 de junio, la ex mandataria dio su último discurso presencial en la sede de Matheu 130, donde calificó su inminente detención domiciliaria como un “certificado de dignidad” ante la persecución del “Partido Judicial”
Hasta el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, enfrentado a Máximo Kirchner, se acercó ese día para escucharla y transmitirle su solidaridad, pero fue recibido con provocaciones por la militancia camporista.
La idea de resistir colectivamente el arresto fue desechada rápidamente y la propia Cristina Kirchner esperó la notificación del fallo confinada dentro de su departamento en San José 1111, en el barrio de Constitución, esquina que se convirtió hasta estos días en punto de peregrinación de la militancia.
Desde el mismo día en que se conoció el fallo de la Corte Suprema (10 de diciembre), miles de simpatizantes se acercaron a la esquina de San José 1111 a montar guardias de apoyo y vigilias que duraron semanas, con consignas contra la “proscripción”.
Mientras el presidente Javier Milei y otros referentes del oficialismo celebraban el encierro de Cristina Kirchner, la ex mandataria tomaba contacto con la militancia a través del balcón de su vivienda, con efusivos saludos y hasta bailes que despertaban la euforia y el alivio de sus seguidores.
La aparición frecuente en el balcón generó disgusto entre quienes consideraban que una persona condenada no podía trivializar su condena o alterar la convivencia en el vecindario.
No obstante, la Justicia aclaró que Cristina Kirchner podía hacer uso del balcón con “buen juicio, prudencia y sentido común”, por lo que se zanjó la polémica y no hubo inconvenientes para que siguiera manifestándose en ese sector de su vivienda.
Entre el 10 y el 12 de junio se realizaron cortes masivos por parte de sindicatos y movimientos sociales en accesos clave a la Capital Federal, escalando el conflicto social.
Mientras la Corte Suprema definía las condiciones de detención y en el kirchnerismo se barajaba la opción de una inmensa movilización a los tribunales de Comodoro Py para acompañar a Cristina Kirchner para su notificación formal, la ex presidenta esperó dentro de su domicilio.
El 17 de junio recibió la notificación del arresto de forma virtual y comenzó de inmediato a cumplir la pena de prisión.
El Tribunal Oral Federal 2 le había impuesto el uso de una tobillera electrónica y restricciones para recibir visitas, lo cual fue calificado por el kirchnerismo como un “trato degradante” y discriminatorio que ni siquiera se aplicaba a represores de la última dictadura militar.
Pese a la persistencia de los reclamos, los pedidos de revisión de las condiciones de detención fueron desestimados por la Justicia hasta el día de hoy.
El 18 de junio se realizó la primera movilización masiva hacia la Plaza de Mayo, que tuvo un inmenso acompañamiento social pese a que la CGT decidió no marchar de forma orgánica ni oficial.
Desde su confinamiento en San José 1111, Cristina Kirchner empezó a recibir visitas de carácter político y personal de forma casi diaria, lo que generó reparos de parte de sus detractores, quienes consideraban que no correspondía que una persona inhabilitada realizara actividad política.
Cuando se difundió una reunión política con nueve economistas, la polémica cobró mayor magnitud y el TOF 2 le impuso limitaciones estrictas en el régimen de visitas, con un tope de tres personas en simultáneo y por un lapso no mayor a dos horas.
Desde entonces, Cristina Kirchner y su entorno político sostienen un reclamo público para la flexibilización de las condiciones de detención, que consideran “objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias”.__IP__
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