CorteIDH ordena a Venezuela cerrar centro de torturas El Helicoide

Mediante una sentencia condenatoria por torturas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la obligación impuesta al Estado venezolano de clausurar el centro de detención capitalino en un plazo máximo de dieciocho meses.

Sede de El Helicoide en Caracas, objeto del fallo internacional. Foto: Web.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó una sentencia que declara a la República Bolivariana de Venezuela responsable internacionalmente por violaciones a los derechos humanos y ordena la clausura del centro de detención capitalino.

Origen del dictamen judicial

El fallo técnico responde al caso de Jorge Rojas Riera y su madre, Jackeline Riera Pietri. Los agentes de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) detuvieron ilegalmente al estudiante el 19 de septiembre de 2003. El operativo violento ocurrió en la Plaza Francia de Altamira, en Caracas, mientras el joven realizaba tareas de apoyo logístico en una manifestación pacífica.

La intervención de la Policía del Municipio Autónomo de Chacao para impedir el traslado generó un tiroteo y una persecución posterior. Los funcionarios estatales recluyeron a Rojas Riera en el edificio gubernamental conocido como El Helicoide, donde permaneció bajo prisión preventiva durante tres meses y dieciséis días sin una motivación procesal legítima.

Acreditación de tratos prohibidos

El tribunal internacional constató que los custodios perpetraron actos de tortura contra el detenido. El expediente acreditó que la víctima sufrió golpes, simulacros de ejecución, amenazas de violencia sexual y el disloque de un hombro.

Asimismo, los juzgadores determinaron que el Ministerio Público venezolano omitió su deber de investigar los hechos tras negar la apertura de una averiguación penal.

La resolución judicial enfatizó que el uso de recintos controlados por agencias de inteligencia para custodiar civiles genera un riesgo agravado. El dictamen recordó los precedentes de los casos Díaz Peña y Guevara Rodríguez, donde se estableció que El Helicoide no cumple con los requisitos materiales mínimos para brindar un tratamiento digno, lo que constituye una violación per se a la integridad personal.

Alcance de las reparaciones

La sentencia dictada por los magistrados impone obligaciones específicas al Poder Ejecutivo y Judicial venezolano. Además del cierre de la infraestructura penitenciaria en un lapso de 18 meses, las autoridades locales deberán adoptar un protocolo especializado para que jueces y fiscales investiguen de oficio las denuncias por tratos crueles.

El Estado deberá implementar un registro oficial y centralizado de los abusos reportados en dicha sede. Las medidas económicas contemplan el pago de indemnizaciones por daño material e inmaterial, además de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. La votación del tribunal contó con votos concurrentes y una disidencia parcial conjunta de los jueces Rodrigo Mudrovitsch y Ricardo C. Pérez Manrique.

Incógnita sobre la ejecución

La obligatoriedad de los fallos de la instancia interamericana contrasta con el historial de cumplimiento de la nación caribeña en materia de reparaciones estructurales. El diseño original de la edificación y su actual administración bajo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) abren un debate técnico sobre la viabilidad real de la reconversión del espacio.

Queda por ver si los mecanismos de supervisión internacional lograrán que las instituciones locales modifiquen la situación de los ciudadanos que permanecen privados de libertad en el complejo arquitectónico.

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