La esposa del jefe de Gabinete se adhirió al blanqueo impositivo mientras el juez Lijo investiga a su consultora por supuestas negociaciones incompatibles con proveedores estatales. La justicia indaga transferencias millonarias y un llamativo incremento en el patrimonio familiar.
A escasas jornadas de la presentación formal del balance patrimonial del ministro coordinador nacional, trascendió que su cónyuge formalizó el trámite para incorporarse al beneficio de regularización fiscal vigente. La determinación de la empresaria se produce de manera simultánea con la instrucción penal que encabeza el magistrado Ariel Lijo, orientada a esclarecer posibles maniobras de cohecho y transgresiones a los deberes públicos vinculadas a firmas contratistas del Estado que inyectaron sumas millonarias a su firma de asesoramiento técnico. Según los registros de la administración aduanera y tributaria detallados en una investigación de La Nación, la amnistía solicitada a fines de mayo ampara el ejercicio fiscal previo, lo que faculta la exteriorización de fondos y capitales previamente ocultos al fisco, bloqueando de este modo la aplicación de sanciones penales o infracciones fiscales.
La maniobra genera un fuerte contraste con la retórica de transparencia institucional que suele pregonar la cúpula oficialista, especialmente al revelarse que la investigada operó durante casi una década bajo un encuadre tributario simplificado y autónomo de baja escala, omitiendo inscripciones en los gravámenes de ganancias y valor agregado hasta bien avanzado el mandato de su esposo. Aunque las precisiones numéricas de los activos regularizados permanecen resguardadas por la confidencialidad legal, las actuaciones del fiscal Gerardo Pollicita ponen el foco en un llamativo salto en el nivel de vida familiar: operaciones inmobiliarias en barrios cerrados y áreas residenciales de la Capital Federal financiadas mediante créditos privados informales provistos por pasivos, costosas remodelaciones abonadas enteramente con divisas marginales y consumos mensuales con plásticos financieros que duplicaban los haberes oficiales del titular de la Jefatura de Gabinete.
En el plano corporativo, el expediente judicial acumula evidencias sobre las prestaciones comerciales de la firma de la imputada con consorcios tecnológicos dedicados al soporte de telecomunicaciones para entidades bancarias oficiales y empresas ferroviarias públicas, las cuales admitieron desembolsos millonarios bajo el concepto de entrenamiento de personal. De igual modo, se auditan las transferencias provenientes de firmas de logística naval vinculadas de forma directa a la petrolera estatal YPF, junto con los movimientos financieros de productoras de espectáculos masivos beneficiadas con concesiones de terrenos gubernamentales. Mientras las filas del oficialismo confían en que la inminente atención pública volcada hacia el torneo mundial de fútbol disipe el impacto político del escándalo, referentes parlamentarios de la coalición gobernante han instado a aguardar los plazos legales para que el funcionario rinda cuentas de manera exhaustiva ante las oficinas de control ético y anticorrupción.
Un informe de la ONU advierte que los centros de datos de inteligencia artificial consumen más electricidad que la mayoría de los países, igualando las emisiones de Argentina. Para 2030, el sector duplicará su impacto ambiental debido a la demanda operativa.
El próximo descanso se genera en menos de una semana, por el homenaje a Güemes.
En un clima de tensión social, aquel fallo de la Corte marcó un punto de quiebre en el sistema político, con el kirchnerismo denunciando “proscripción” e iniciando una campaña por su libertad.
Una tomografía anual de baja dosis en fumadores de riesgo reduciría un 25% las muertes por cáncer de pulmón. Pese a la evidencia global, Argentina carece de una política pública de tamizaje debido a los costos de los tratamientos posteriores.
La ONG “Será Justicia” y magistrados federales respaldaron el pedido de Leopoldo Bruglia ante la CIDH para frenar el concurso que busca reemplazarlo. Denuncian una persecución política selectiva que viola la estabilidad y la independencia del Poder Judicial.
La Cámara Civil concedió una cautelar a la AFA que frena las auditorías de la IGJ sobre sus balances. Paralelamente, la justicia investiga una presunta administración infiel y desvío de fondos millonarios en el extranjero mediante empresas intermediarias.
IMPSA, la primera empresa privatizada por el gobierno de Javier Milei, firmará un acuerdo con Venezuela para reactivar dos centrales hidroeléctricas tras diez años de parálisis. Con aval de Estados Unidos, el proyecto sumará 672 megavatios al deteriorado sistema eléctrico caribeño.
Diversas organizaciones civiles y de prensa rechazaron el proyecto de ley de lobby oficialista, alertando que derivará en una supervisión estatal permanente. Denuncian que la norma equipara el activismo social con el interés comercial y amenaza la libertad de expresión.
