La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El escenario procesal del exdirigente fabril de la cúpula empresaria nacional quedó sellado tras la última intervención de la magistratura suprema de la Nación. Los ministros del tribunal superior rechazaron las impugnaciones de los representantes legales del metalúrgico y de un colaborador directo, convalidando de este modo la sanción a cumplir cuatro años de encierro por maniobras financieras ilícitas perpetradas a finales del período gubernamental de hace once años. La maniobra en cuestión consistió en la transferencia irregular de partidas destinadas al asfalto de un camino de interconexión con los yacimientos mineros de carbón en la Patagonia. A partir de esta definición jurídica, el ministerio público fiscal solicitó de inmediato el arresto domiciliario o el traslado a dependencias carcelarias de los involucrados civiles que aún permanecían en libertad.
La resolución, que lleva la rúbrica de la conducción de la Corte Suprema mediante mecanismos técnicos de desestimación formal, dejó también inalterable el sobreseimiento otorgado previamente en instancias de apelación a un antiguo administrador de la cuenca minera. En paralelo, las actuaciones contra un ex jefe comunal de la localidad sureña ya habían adquirido fuerza de cosa juzgada con anterioridad por fallas de presentación. Las directivas de origen de los magistrados del juicio de primera instancia dictaminaban que, una vez agotadas las vías de revisión, los condenados debían iniciar de manera obligatoria el cumplimiento de la privación de la libertad, además de enfrentar la restitución del capital sustraído, valuado en varias decenas de millones de la moneda nacional según la cotización del momento del fraude.
Los hechos comprobados durante los debates orales de la causa penal acreditaron que el dinero público fue girado mediante instrumentos bancarios emitidos a contrarreloj en los días previos al recambio de autoridades de la Casa Rosada hacia una firma constructora ligada al entorno del empresariado sancionado. El proyecto del tendido vial, bautizado bajo una denominación en homenaje a los operarios mineros, jamás llegó a ejecutarse a pesar de los desembolsos adelantados. Si bien desde las defensas se argumentó que dichos fondos correspondían a gastos de preparación logística y reclutamiento de personal, los jueces de la sentencia determinaron que se configuró el delito de peculado, abriendo el camino para otros juicios pendientes vinculados a desvíos de mayor envergadura en la misma terminal energética que involucran a exministros federales.
Argentina reportó 4060 muertes viales, con un marcado contraste regional: el norte registró las tasas de mortalidad más altas debido al uso riesgoso de motos, mientras que la Ciudad de Buenos Aires logró el índice más bajo gracias al cumplimiento del casco.
El fiscal Ramiro González imputó a la cúpula actual y anterior del ORSNA por presunto enriquecimiento ilícito y cobro de coimas del 10% en obras aeroportuarias. La investigación judicial comenzó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano.
El exsenador Esteban Bullrich calificó de “corrupto” al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras admitir que ocultó medio millón de dólares en criptomonedas. Bullrich usó las redes para distanciarse del oficialismo y criticar la justificación patrimonial del funcionario.
Jacquelin expone el escándalo de Adorni, quien admitió omitir bienes en su declaración jurada, contradiciendo su discurso moral. Mientras los hermanos Milei lo blindan ante la inminente interpelación opositora, Bullrich criticó públicamente lo que consideró una “omisión ética”.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
