Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
La administración estadounidense dictó medidas punitivas contra la Unión Cuba-Petróleo, inhabilitando de forma inmediata cualquier transacción comercial o de capital de la compañía caribeña en territorio norteamericano. El anuncio oficial, formalizado por la conducción del Departamento de Estado, introduce a la entidad refinadora en los registros de restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Las autoridades federales argumentaron que la administración isleña utiliza los recursos energéticos para el sostenimiento de su aparato militar y de inteligencia, señalando además el acaparamiento de carburantes y la supuesta comercialización irregular en plazas alternativas mientras se impone un racionamiento a los habitantes locales. La sanción también invoca el estatus de las instalaciones productivas, alegando que forman parte de antiguos bienes expropiados a inversores de origen estadounidense.
La respuesta de los representantes oficiales de la nación antillana no se hizo esperar, manifestando un enérgico rechazo a las determinaciones adoptadas por las oficinas de Washington. El responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores del archipiélago denunció que la maniobra busca asfixiar el abastecimiento logístico y productivo de la población mediante argumentos que calificó de falsedades malintencionadas. El representante del cuerpo diplomático cubano atribuyó el endurecimiento de la política exterior a las ambiciones particulares y al posicionamiento electoral de los sectores más radicales del gabinete norteamericano. Desde la óptica de La Habana, estas acciones recrudecen el prolongado aislamiento al que es sometido el país, apelando a presiones que dañan de manera directa la estabilidad social y la infraestructura de servicios básicos.
Domingo Cavallo elogió la flexibilización burocrática del mercado de capitales presentada por Federico Sturzenegger, pero le reclamó eliminar por completo el cepo cambiario. El exministro advirtió que liberar los capitales es indispensable para consolidar el sistema bimonetario y evitar devaluaciones.
La Legislatura de Santa Cruz aprobó restituir a Eduardo Sosa como jefe de fiscales, revirtiendo su destitución de 1995 bajo el gobierno de Néstor Kirchner. El gobernador Claudio Vidal celebró la medida como una reparación histórica ante fallos incumplidos.
La Corte Suprema ratificó la condena a cuatro años de prisión para el empresario Juan Carlos Lascurain por malversar fondos destinados a una ruta en Santa Cruz. La fiscalía solicitó su inmediata detención tras quedar firme el fallo por peculado.
El PRO criticó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por sus contradicciones ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El partido exigió transparencia para cuidar el cambio y sus senadores reclamaron que el funcionario rinda cuentas en el Congreso.
El Banco Mundial redujo al 2,2% su previsión de crecimiento para Latinoamérica debido a la debilidad global y la crisis energética en Medio Oriente. El informe advierte sobre presiones inflacionarias, informalidad laboral y una recuperación paulatina hacia las próximas temporadas.
Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.
Colectivos antimundialistas, estudiantes y docentes se enfrentaron con la policía fuera del Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial. Los disturbios, motivados por reclamos sociales y de seguridad, dejaron múltiples lesionados y tres detenidos en la capital mexicana.
El ministro de Defensa británico, John Healey, renunció por desacuerdos presupuestarios con el primer ministro Keir Starmer. Su salida, seguida por otras bajas en la cartera, debilita al gobierno laborista a días de una elección legislativa clave.
