EE.UU. restringió las operaciones de la firma hidrocarburífera de Cuba

Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET, bloqueando sus operaciones financieras por acusaciones de control social y uso militar del crudo. Cuba rechazó la medida, calificándola de cerco económico basado en mentiras impulsadas por intereses electorales de Washington.

La administración estadounidense dictó medidas punitivas contra la Unión Cuba-Petróleo, inhabilitando de forma inmediata cualquier transacción comercial o de capital de la compañía caribeña en territorio norteamericano. El anuncio oficial, formalizado por la conducción del Departamento de Estado, introduce a la entidad refinadora en los registros de restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Las autoridades federales argumentaron que la administración isleña utiliza los recursos energéticos para el sostenimiento de su aparato militar y de inteligencia, señalando además el acaparamiento de carburantes y la supuesta comercialización irregular en plazas alternativas mientras se impone un racionamiento a los habitantes locales. La sanción también invoca el estatus de las instalaciones productivas, alegando que forman parte de antiguos bienes expropiados a inversores de origen estadounidense.

La respuesta de los representantes oficiales de la nación antillana no se hizo esperar, manifestando un enérgico rechazo a las determinaciones adoptadas por las oficinas de Washington. El responsable del Ministerio de Relaciones Exteriores del archipiélago denunció que la maniobra busca asfixiar el abastecimiento logístico y productivo de la población mediante argumentos que calificó de falsedades malintencionadas. El representante del cuerpo diplomático cubano atribuyó el endurecimiento de la política exterior a las ambiciones particulares y al posicionamiento electoral de los sectores más radicales del gabinete norteamericano. Desde la óptica de La Habana, estas acciones recrudecen el prolongado aislamiento al que es sometido el país, apelando a presiones que dañan de manera directa la estabilidad social y la infraestructura de servicios básicos.

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