El indicador de JP Morgan se redujo a 433 puntos impulsado por una fuerte suba de los bonos soberanos. Con un desplome acumulado del 15% en dos jornadas tras la mejora de calificación de S&P, el índice toca mínimos desde mayo de 2018.
El indicador de JP Morgan se redujo a 433 puntos impulsado por una fuerte suba de los bonos soberanos. Con un desplome acumulado del 15% en dos jornadas tras la mejora de calificación de S&P, el índice toca mínimos desde mayo de 2018.
El índice de riesgo país de la Argentina registró una nueva caída este viernes y se ubicó en las 433 unidades en la apertura de los mercados financieros. El indicador que elabora el banco de inversión JP Morgan consolidó una racha positiva motivada por el alza sostenida de los títulos públicos locales.
El impacto del desplome del riesgo soberano:
Caída en dos días: El índice financiero acumuló un retroceso cercano al 15% en solo cuarenta y ocho horas de operaciones.
Mínimo histórico: La cifra actual representa el nivel más bajo registrado desde mayo de 2018 para los activos locales.
Efecto S&P: El mercado reaccionó con compras masivas de bonos luego de la mejora en la calificación crediticia del país.
Las dos jornadas bursátiles previas marcaron un quiebre en la tendencia de los activos, dado que el índice cotizaba por encima de los 500 puntos básicos al cierre del miércoles pasado. La recalificación de la deuda soberana realizada por Standard & Poor’s funcionó como el detonante principal para la inyección de capitales externos.
Para los analistas de la City porteña, una reducción de esta magnitud modifica los planes financieros de corto plazo del Palacio de Hacienda. Una cifra consolidada por debajo de la barrera técnica de las 500 unidades acerca la posibilidad de retornar a los mercados globales de crédito para captar divisas.
Hasta el momento, el equipo económico liderado por Luis Caputo había descartado recurrir a colocaciones en el extranjero debido al elevado costo financiero asociado. Por este motivo, los técnicos oficiales centraron sus esfuerzos en estructurar un esquema alternativo de cobertura frente a las obligaciones financieras externas.
Las mesas de operaciones de los bancos remarcan que la velocidad de la caída sorprendió al mercado bursátil durante las primeras horas de la mañana. El quiebre de soportes genera un efecto arrastre que entusiasma a las consultoras económicas, las cuales ya recalculan el costo real del endeudamiento privado.
La estrategia desplegada durante los últimos meses se enfocó en asegurar el pago de las obligaciones que vencen de forma escalonada hasta finales de 2027. Este programa contempla el uso de préstamos garantizados mediante acuerdos específicos con organismos internacionales de crédito y diversos bancos multilaterales de desarrollo.
La aceleración en la compra de títulos públicos refleja una recuperación de la confianza por parte de los inversores institucionales y fondos extranjeros. Los bonos en dólares mostraron variaciones positivas consecutivas que permitieron la compresión acelerada de las tasas de interés de la deuda argentina.
Cabe recordar que la calificadora de riesgo internacional fundamentó su mejora crediticia en la sostenibilidad de las reformas estructurales de mediano plazo. Este respaldo internacional convalida el rumbo macroeconómico y aleja los fantasmas de un potencial default técnico en el corto plazo de la administración nacional.
Operadores financieros estiman que la estabilidad del indicador dependerá de la consistencia en el superávit fiscal y la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central. El comportamiento de la plaza cambiaria determinará si el índice logra perforar una nueva barrera técnica antes del cierre del fin de semana.
De sostenerse estos valores de referencia, las empresas privadas del país también encontrarán condiciones más favorables para emitir deuda corporativa en el exterior. El clima de negocios regional percibe este hito como un aval técnico relevante a la política monetaria y cambiaria implementada por el Poder Ejecutivo.
El proyecto oficial destina 7,3 billones de pesos frente a los 11 billones reclamados por los rectores. La brecha económica frena la Ley de Financiamiento y pone en riesgo el inicio del próximo ciclo lectivo.
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