Clínicas privadas de todo el país suspenderán la asignación de turnos a afiliados del PAMI por deudas estatales y aranceles desactualizados. La medida, que podría extenderse a cirugías programadas, expone las tensiones presupuestarias y fiscales del Gobierno nacional.
El escenario de las políticas sanitarias y presupuestarias del Poder Ejecutivo enfrenta un severo conflicto debido al inminente cese en la programación de consultas médicas para los beneficiarios del sistema previsional en todo el territorio nacional. Las corporaciones del sector médico privado aducen un estrangulamiento de su capacidad operativa derivado del atraso en los esquemas arancelarios y la acumulación de obligaciones financieras impagas por parte del organismo que comanda Esteban Leguízamo. A través de un pronunciamiento corporativo, los administradores de los sanatorios advirtieron que la falta de respuestas fiscales por parte de la administración central les impide costear materiales quirúrgicos esenciales y cubrir las remuneraciones del personal, depositando en el Estado la responsabilidad por las consecuencias que este escenario de parálisis pueda ocasionar en la cobertura de la población pasiva.
Las tratativas con las autoridades de la obra social previsional e interlocutores del Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo no han logrado destrabar las partidas excepcionales necesarias para actualizar los contratos de servicios. Aunque las esferas oficiales reconocen la complejidad de la situación estructural, los retrasos en las transferencias gatillaron esta primera fase de protesta, que contempla la cancelación total de turnos de consulta regular y amenaza con extenderse hacia la suspensión de intervenciones quirúrgicas agendadas no urgentes. Fuentes internas del espacio gobernante sugieren, en estricto off, que los inconvenientes de liquidez en las cajas asistenciales se vinculan de manera directa con una contracción prolongada de los ingresos públicos genuinos durante los últimos tres trimestres, una realidad de las cuentas macroeconómicas que colisiona con las proyecciones de recuperación y superávit difundidas desde la cúspide del Ejecutivo nacional.
Frente a la inminente afectación del servicio, diversas agrupaciones de la tercera edad y defensores de los derechos de los adultos mayores comenzaron a manifestar su preocupación por la desatención de tratamientos preventivos, alertando que las restricciones de turnos derivarán inevitablemente en la saturación de las guardias de los hospitales públicos. En paralelo, la conducción de la obra social estatal intenta coordinar contrarreloj mesas de negociación técnicas para evitar que la medida de fuerza escale hacia el bloqueo de las cirugías, un escenario que congelaría por completo la actividad quirúrgica programada. La resolución de este conflicto dependerá de la celeridad con la que el Palacio de Hacienda libere los recursos requeridos, en un contexto político donde cada partida presupuestaria es minuciosamente auditada bajo la estricta premisa oficial de mantener el equilibrio fiscal a cualquier costo.
El Gobierno nacional suprimió por decreto las impugnaciones administrativas previas para elegir jueces de la Corte Suprema, concentrando el filtro en el Senado. Desde la asesoría presidencial defendieron la medida ante las críticas opositoras por la pérdida del cupo de género.
Morales Solá destaca que el logro de Milei de bajar el riesgo país y la inflación es opacado por la crisis de Adorni y el debilitamiento de Trump, su aliado clave, tras un cuestionado acuerdo con Irán.
La Justicia de Córdoba agravó la imputación contra Claudio Barrelier a homicidio triplemente calificado por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años. El acusado se negó a declarar, mientras se investiga la participación de dos presuntos encubridores.
Sindicatos y empresas agroexportadoras siguen sin acordar la paritaria aceitera ante el inminente vencimiento de la conciliación obligatoria. Los gremios exigen elevar el sueldo inicial a 2,8 millones de pesos, rechazando la indexación mensual por inflación que ofrece la cámara empresaria.
Organizaciones de la Iglesia católica solicitaron al Congreso rechazar el proyecto oficial sobre propiedad privada, alertando que facilita la extranjerización de tierras y recursos hídricos. Advirtieron que la iniciativa fomenta la especulación inmobiliaria y perjudica el acceso a la vivienda.
El FBI desarticuló un complot de extrema derecha para atacar con drones y francotiradores la Casa Blanca durante el cumpleaños de Donald Trump. Hay cinco detenidos y la investigación continúa para capturar a más sospechosos que permanecen prófugos.
Clínicas privadas de todo el país suspenderán la asignación de turnos a afiliados del PAMI por deudas estatales y aranceles desactualizados. La medida, que podría extenderse a cirugías programadas, expone las tensiones presupuestarias y fiscales del Gobierno nacional.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en diez provincias debido a la violencia narco. La medida militariza las calles y suspende garantías constitucionales, generando alertas en organismos de derechos humanos.
