La Fiscalía colombiana citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por las masacres paramilitares de La Granja y El Aro, ocurridas en los noventa. La investigación evalúa su presunta responsabilidad y omisión cuando ejercía como gobernador del departamento de Antioquia.
La justicia penal colombiana dio un paso de gran trascendencia institucional al convocar formalmente a declarar al exjefe de Estado Álvaro Uribe Vélez. El propio dirigente político notificó a la opinión pública que el Ministerio Público dispuso su comparecencia en el marco de las pesquisas sobre las sangrientas incursiones perpetradas por escuadrones de autodefensa en el noroeste del país hace casi tres décadas. Las citaciones judiciales indagan sobre las responsabilidades políticas y operativas en los violentos episodios que costaron la vida de numerosos civiles en las poblaciones rurales de La Granja y El Aro, acontecimientos ocurridos mientras el investigado ejercía la máxima autoridad administrativa del departamento de Antioquia.
El requerimiento del organismo acusador no se limita a los ataques contra las comunidades campesinas, sino que extiende el interrogatorio hacia el asesinato del reconocido activista social Jesús María Valle, ultimado en la capital antioqueña en las postrimerías de la década pasada. Aquel letrado había denunciado de manera sistemática la presunta pasividad y omisión de los cuerpos de seguridad locales frente al avance de los grupos armados ilegales. Las líneas de investigación judicial procuran desentrañar si existieron nexos lícitos o de encubrimiento desde los estamentos estatales que comandaba el entonces gobernador, sumando además requisitorias sobre presuntos movimientos irregulares en fincas de la periferia vinculadas al entorno íntimo de la familia del expresidente.
Cabe recordar que las mencionadas acciones de violencia masiva fueron catalogadas en su oportunidad como transgresiones imprescriptibles y crímenes de lesa humanidad por las máximas esferas de la magistratura nacional, debido al ensañamiento y los masivos desplazamientos forzados que provocaron. Aunque los principales comandantes de las extintas estructuras paramilitares ya recibieron condenas e incluso penalizaciones efectivas junto a algunos oficiales del ejército, la comparecencia del exlíder del Ejecutivo representa un hito clave para esclarecer los niveles de complicidad estructural en una de las etapas más complejas del conflicto armado interno.
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