Parlamento cubano autorizó la privatización de empresas estatales, la apertura de la banca privada y la inversión extranjera, en un intento por contener la severa crisis financiera y los apagones que afectan a la isla caribeña.
Parlamento cubano autorizó la privatización de empresas estatales, la apertura de la banca privada y la inversión extranjera, en un intento por contener la severa crisis financiera y los apagones que afectan a la isla caribeña.
La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó por unanimidad un paquete de 176 medidas económicas que transformarán el modelo de gestión socialista vigente desde 1959.
El plan, respaldado por el Partido Comunista y el expresidente Raúl Castro, autoriza el desarrollo inmobiliario privado, permite la entrada de bancos privados al sistema financiero y faculta la venta de propiedades estatales a particulares, incluidos los ciudadanos cubanos residentes en el extranjero.
Durante la sesión extraordinaria celebrada en La Habana, el primer ministro Manuel Marrero Cruz definió al mercado como un instrumento para la asignación eficiente de recursos.
Asimismo, el jefe de Gobierno explicó que las empresas estatales pasarán a ser sociedades comerciales con participación accionaria, administradas por el nuevo Instituto Nacional de Activos Empresariales.
Las reformas también amplían la capacidad del sector privado, permitiendo que las compañías contraten a más de 100 empleados y que los emprendedores posean más de un negocio de forma simultánea.
El nuevo diseño económico busca captar capitales de forma inmediata ante el deterioro de los servicios públicos básicos y la infraestructura energética. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reconoció el impacto de los prolongados cortes de electricidad provocados por las dificultades para importar combustible.
Ante este escenario, el Gobierno eliminó los aranceles e impuestos para la importación y comercialización de tecnologías solares, facilitando el ingreso directo de firmas extranjeras sin intermediación estatal.
Paralelamente, las transformaciones fiscales modificarán la distribución de las ayudas estatales. Las autoridades informaron que el país pasará de subsidiar productos a subsidiar directamente a las personas en situación de vulnerabilidad.
El nuevo esquema tributario obligará a las empresas públicas y privadas a asumir de manera conjunta el financiamiento de la educación, la salud y el transporte, servicios afectados por las limitaciones presupuestarias de los últimos años.
A pesar de la apertura hacia la propiedad privada, la dirigencia gubernamental ratificó la continuidad ideológica del sistema. El primer mandatario Días-Canel Bermúdez aseguró que estas decisiones constituyen un ejercicio soberano que no guarda relación con las negociaciones bilaterales estancadas con Estados Unidos.
El gobernante emplazó a la administración estadounidense a levantar las sanciones financieras y comerciales aplicadas desde la administración de Donald Trump y reforzadas a inicios de 2025.
Por otra parte, sectores de la población civil y profesionales de la isla expresaron escepticismo ante la efectividad de las leyes. Críticos locales señalaron que las reformas ocurren en un contexto de alta inflación, donde el desabastecimiento alimentario elevó el costo de la vida.
La implementación de este paquete de reformas en Cuba plantea interrogantes sobre la convivencia de un sistema político de partido único con dinámicas financieras de libre mercado. Corresponderá evaluar si la flexibilización bancaria y la atracción de divisas lograrán estabilizar la economía cubana sin alterar la estructura institucional de la nación caribeña.
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Parlamento cubano autorizó la privatización de empresas estatales, la apertura de la banca privada y la inversión extranjera, en un intento por contener la severa crisis financiera y los apagones que afectan a la isla caribeña.
