Revés judicial para la cúpula de la AFA: ratificaron al magistrado que coordina las pesquisas

La Cámara Penal Económico ratificó al juez Diego Amarante en la causa por presunta evasión multimillonaria contra los dirigentes de la AFA, Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Asimismo, Casación validó investigar penalmente la suntuosa mansión de Pilar atribuida al tesorero.

Toviggino y Tapia. Foto: NA.

El fuero Penal Económico consolidó la posición del juez Diego Amarante al frente de una causa de alta sensibilidad institucional que salpica de manera directa a las máximas autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino. El tribunal de alzada desestimó de forma categórica las objeciones y el planteo de apartamiento interpuesto por el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, quien pretendía desplazar al director de la investigación argumentando una supuesta animosidad y persecución en su contra. Los camaristas concluyeron que las argumentaciones basadas en recortes de prensa carecían de sustento probatorio idóneo para demostrar una enemistad manifiesta, garantizando de este modo la continuidad de las pesquisas sobre el presunto desvío de aportes de la seguridad social y tributos por montos multimillonarios.

El expediente principal, que mantiene bajo la condición de imputados tanto al encargado de las finanzas como al presidente de la corporación deportiva, Claudio Tapia, sumó en el último tiempo nuevas derivaciones impulsadas por los organismos oficiales de control aduanero y recaudación. Las auditorías adjuntas al proceso penal sugieren la posible utilización de comprobantes comerciales apócrifos y maniobras de simulación de gastos con el propósito de consumar una evasión impositiva masiva a las arcas del Estado. Estas revelaciones contables actúan de forma paralela a otra línea de investigación compleja orientada a desentrañar el origen de los recursos económicos empleados en la adquisición de activos suntuarios en la periferia bonaerense.

En esa dirección, la Cámara de Casación Penal propinó otro golpe a la estrategia de la defensa al convalidar que las averiguaciones sobre una fastuosa finca ubicada en el partido de Pilar permanezcan bajo la órbita de los tribunales especializados en criminalidad financiera. Las autoridades judiciales sospechan que los titulares registrales de dicha propiedad habrían operado como prestanombres para ocultar el verdadero flujo de capitales vinculados a los directivos del fútbol. La denuncia penal inicial, promovida por referentes de la oposición política a fines del año pasado, advierte sobre una presunta red de lavado de dinero que abarca desde la compra encubierta de inmuebles de lujo valorados en millones de dólares hasta vehículos deportivos de alta gama y ganado de alta escuela.

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