El diputado Diego Hartfield defendió el acuerdo con los holdouts en el Congreso, afirmando que el verdadero problema del país es la falta de credibilidad. Aseguró que cumplir los contratos es clave para recuperar la confianza y atraer inversiones extranjeras.
En el marco de la intensa sesión especial que se desarrolla en la Cámara de Diputados, el oficialismo busca consolidar un andamiaje legal y financiero enfocado en la previsibilidad de largo plazo. Junto al debate por el “Súper RIGI”, el tratamiento del acuerdo de pago por u$s 171 millones a fondos que litigan en el exterior se convirtió en uno de los puntos más álgidos de la jornada. Saliendo al cruce de las críticas de la oposición, el diputado oficialista Diego Hartfield defendió la necesidad de honrar los compromisos asumidos por el Estado. En una encendida exposición, argumentó que regularizar la situación de los holdouts es un paso indispensable para sanear la reputación internacional del país, bajar el costo del crédito y generar un shock de confianza que impulse el desarrollo local.
Durante su discurso, Hartfield rechazó el enfoque tradicional sobre las crisis financieras del país y puso el foco en la reputación crediticia:
“Argentina durante décadas ha estafado a todo tipo de acreedores… No tenemos un problema, ni hoy ni nunca tuvimos un problema de endeudamiento como han dicho por ahí, porque la deuda se mide como porcentaje del PBI, y Argentina hoy tiene un porcentaje de deuda en torno al 60%… Nosotros tenemos un problema absolutamente de confianza, y esa es la situación que tenemos que revertir.”
El legislador repasó la herencia económica recibida en el Banco Central y ponderó la estrategia de la actual administración para ordenar las variables macroeconómicas sin apelar a nuevas quitas forzosas:
“Es la primera vez en nuestra historia que por decisión política el presidente Milei decide ordenar las cuentas públicas pagando y cumpliendo absolutamente todos los contratos… El Estado absorbió la deuda del Banco Central, se pudieron emitir los BOPREAL para poder de alguna manera saldar en algún momento todas estas deudas y así es como se está saneando el balance… para tener una moneda sólida y sobre todas las cosas, la confianza y la estabilidad.”
Hacia el final de su intervención, Hartfield instó a modificar el paradigma cultural respecto de los inversores extranjeros, vinculando la regularización de la deuda con la creación de empleo genuino:
“Tenemos que cerrar esta historia para poder pensar en que los acreedores son aliados. Aquellos que invierten en la Argentina son aliados… Todos los países del mundo rollean su deuda, y la ventaja de todo esto es que hemos reducido el riesgo país de los 2.500 puntos a los 400 puntos para que esta nueva deuda para pagar deuda vieja la podamos hacer en tasas lógicas del 6% anual… Tenemos que empezar a madurar y a entender que cuando un acreedor viene e invierte, tenemos que respetar los contratos para que seamos un país viable.”
La argumentación de Diego Hartfield expone el núcleo conceptual del oficialismo: la inserción de Argentina en los mercados globales requiere una ruptura total con el historial de defaults y renegociaciones hostiles. Al calificar a los acreedores como “aliados” y ponderar la drástica caída del riesgo país, el bloque gubernamental busca legitimar un pragmatismo financiero que considera vital para que proyectos como el Súper RIGI tengan éxito. De este modo, la sesión avanza reflejando dos visiones de país contrapuestas: una que lee el pago como una claudicación ante el capital especulativo y otra, defendida por el oficialismo, que lo entiende como el costo necesario para comprar la confianza que el país destruyó durante décadas.
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