Tras la decisión del Tribunal de Corrientes de citar a Elisa Carrió, la tercera jornada del debate oral quedó suspendida. La defensa de Laudelina Peña busca probar presiones políticas, mientras la imputada se rehusó a declarar.
Tras la decisión del Tribunal de Corrientes de citar a Elisa Carrió, la tercera jornada del debate oral quedó suspendida. La defensa de Laudelina Peña busca probar presiones políticas, mientras la imputada se rehusó a declarar.
La tercera audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, incorporó una novedad institucional de relevancia. El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió convocar como testigo a la exdiputada nacional Elisa Carrió, aceptando un requerimiento formal de la defensa de Laudelina Peña, tía del menor y una de las principales imputadas en el expediente.
Los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco modificaron el criterio adoptado en la etapa preliminar del proceso, cuando descartaron testimonios basados en referencias indirectas.
La resolución actual surgió luego de que la abogada defensora, Mónica Chirivin, fundamentara la necesidad de indagar a la exlegisladora sobre una conversación que habría mantenido con el exgobernador correntino Gustavo Valdés.
Según la presentación judicial, el exmandatario provincial habría manifestado que “a alguien había que quebrar“, frase que la defensa interpreta como un indicio de presunta presión política y direccionamiento extrajudicial de la investigación.
Paralelamente, la jornada judicial generó expectativas ante la posibilidad de que Laudelina Peña expusiera su versión de los hechos. No obstante, al momento de ser consultada por el presidente del tribunal, la mujer decidió rehusarse a declarar en esta instancia y se amparó en su derecho al silencio.
La determinación de la imputada alteró las previsiones de su propia representación legal, que previamente anticipó una ampliación de la indagatoria con disposición para responder preguntas.
Peña, señalada por el Ministerio Público Fiscal como coautora de la sustracción y ocultamiento del niño de cinco años, ya prestó declaración en dos oportunidades durante la fase de instrucción en julio de 2024.
Fuentes del tribunal señalaron que la detenida podría solicitar declarar en etapas posteriores del debate, una vez analizadas las pruebas que presenten las querellas y la fiscalía.
El desarrollo del debate oral, que tiene lugar en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, enfrentó complicaciones de índole formal. Los abogados defensores de los 17 acusados articularon diversos pedidos de nulidad contra la acusación fiscal, sosteniendo que el requerimiento carece de una descripción precisa sobre las funciones y tiempos asignados a cada procesado.
Por su parte, la fiscalía rechazó las objeciones argumentando que el auto de elevación a juicio cumple con las exigencias de la etapa procesal y ya recibió la validación de instancias anteriores.
Frente a la acumulación de incidentes y solicitudes de excarcelación de imputados como Nicolás Soria, los magistrados dispusieron un cuarto intermedio por tiempo indeterminado.
El juicio comprende a siete personas imputadas por la sustracción del menor y otras diez por encubrimiento, estimándose una extensión de al menos seis meses de debate.
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