Lorenzetti cuestionó el diseño institucional y reclamó celeridad del Poder Judicial

El juez supremo Ricardo Lorenzetti afirmó que el Poder Judicial argentino carece de independencia al no gestionar su propio presupuesto. Asimismo, defendió la condena penal a Cristina Kirchner, criticó a los operadores políticos y urgió a cubrir las vacantes de la Corte.

Ricardo Lorenzetti, Ministro de la Corte Suprema de Justicia. Foto: web.

La estructura orgánica de la administración de justicia local carece de verdadera emancipación al estar sujeta a las partidas financieras dictaminadas por los restantes poderes del Estado, según lo expuesto por el magistrado Ricardo Lorenzetti en una reciente intervención televisiva. El ministro comparó el escenario doméstico con esquemas de la región que autogestionan sus recursos y logran optimizar los tiempos procesales a través de herramientas como la inteligencia artificial. Desde su perspectiva, esta limitación estructural afecta la velocidad de resolución de los expedientes, configurando una problemática que repercute de forma directa en la ciudadanía y que históricamente ha sido ignorada por las sucesivas gestiones de gobierno.

En el plano estrictamente penal, el integrante de la cúspide judicial se pronunció sobre la ratificación de la condena a la antigua jefa de Estado, Cristina Kirchner, desestimando las lecturas que asocian el fallo con persecuciones partidarias o rupturas del orden democrático. Si bien catalogó el dictamen como un suceso lamentable para las instituciones, aclaró que la sentencia responde exclusivamente al fuero criminal y representa una decisión firme que clausura el debate doctrinario dentro de la Corte. Asimismo, el jurista manifestó su preocupación por la injerencia de intermediarios partidarios que distorsionan los concursos de oposición, abogando por la implementación de un sistema de selección riguroso que priorice los antecedentes profesionales por sobre los favoritismos corporativos.

Finalmente, el magistrado abordó la urgencia de cubrir los puestos vacantes en el tribunal de última instancia, enfatizando que la composición actual de solo tres miembros debilita la seguridad jurídica indispensable para la atracción de capitales productivos. Tras calificar como meras especulaciones los nombres de candidatos que circulan en el ámbito público, Lorenzetti remarcó que la designación es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo, sugiriendo que el proceso de selección debería orientarse a restablecer la equidad de género en el cuerpo para garantizar una estabilidad institucional perdurable.

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