Congreso: la bancada oficialista busca ratificar el Super RIGI

El oficialismo busca aprobar en Diputados el Súper RIGI para inversiones tecnológicas y validar el pago de 171 millones de dólares a holdouts antes del límite de junio. Con el apoyo de bloques aliados, garantizan votos y el quórum.

Congreso de la Nación Argentina - Archivo

Tras desactivar las iniciativas de la oposición orientadas a someter a control legislativo al jefe de Gabinete, la representación de La Libertad Avanza intentará consolidar su propia hoja de ruta en el recinto de la Cámara Baja. La convocatoria busca dar tratamiento definitivo a una legislación especial de fomento para inversiones de gran envergadura orientadas a tecnologías de punta y matrices energéticas renovables, complementada con la convalidación del desembolso de ciento setenta y un millones de dólares destinado a resolver las últimas demandas de los acreedores del cese de pagos de principios de siglo. El entendimiento con los bloques dialoguistas, alcanzado mediante la derivación de reclamos opositores a comisiones de estudio, garantiza un piso de voluntades que disiparía el riesgo de falta de quórum para la gestión de Martín Menem.

El andamiaje del proyecto de estímulos industriales contempla un horizonte de previsibilidad fiscal por tres décadas, reduciendo sustancialmente los gravámenes a los dividendos e introduciendo exenciones arancelarias plenas tanto para la adquisición de equipamiento exterior como para los flujos de exportación. A fin de destrabar el despacho de las comisiones, las autoridades modificaron el articulado original introduciendo cuotas mínimas obligatorias del veinte por ciento para la contratación de abastecedores nacionales y auditorías socioambientales rigurosas sobre las zonas de radicación. Paralelamente, la premura de la Casa Rosada se enfoca en cumplir con la fecha límite de finales de junio impuesta por los tribunales estadounidenses, logrando así levantar las medidas cautelares de incautación que amenazaban a las compañías estatales argentinas a cambio de una reducción en los montos consolidados del litigio crediticio.

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