Piden elevar a juicio oral la causa contra el empresario Marcelo Porcel por diez hechos de abuso sexual y corrupción de menores. El fiscal Pablo Turano formalizó el requerimiento ante el juez Carlos Bruniard tras confirmarse el procesamiento.
Piden elevar a juicio oral la causa contra el empresario Marcelo Porcel por diez hechos de abuso sexual y corrupción de menores. El fiscal Pablo Turano formalizó el requerimiento ante el juez Carlos Bruniard tras confirmarse el procesamiento.
El fiscal Pablo Turano solicitó formalmente que el empresario Marcelo Porcel sea sometido a juicio oral y público. La medida, presentada ante el magistrado a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Carlos Bruniard, acusa al imputado por diez hechos tipificados como abuso sexual agravado y corrupción de menores agravada en un contexto de reiteración.
La solicitud del Ministerio Público se acopló a una presentación previa efectuada por el abogado querellante Pablo Hawlena Gianotti, dejando la resolución definitiva en manos del juez interviniente, mientras el defensor Roberto Rallín analiza los pasos legales a seguir.
En caso de ser declarado culpable en la instancia de debate, la escala penal prevista para este tipo de delitos acumulados podría superar los quince años de prisión.
La decisión de la fiscalía se concretó días después de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmara el procesamiento del empresario.
Los camaristas desestimaron los planteos de la defensa al considerar que los argumentos expuestos solo manifestaban una discrepancia con la ponderación de las pruebas recolectadas, sin fundamentar una revisión de carácter excepcional.
Asimismo, el tribunal de alzada ratificó un embargo sobre los bienes del procesado por un monto de 111.564.950 pesos. Fuentes vinculadas al expediente señalaron que el sorteo del tribunal de juicio podría realizarse durante el próximo mes de julio.
La investigación penal agrupa una serie de eventos que habrían ocurrido entre los años 2022 y 2023. De acuerdo con las declaraciones brindadas por los damnificados mediante el sistema de Cámara Gesell, existía un patrón de comportamiento reiterado que se desarrollaba en tres inmuebles específicos: un departamento del piso 26 de la Torre Le Parc en Palermo, otra vivienda situada frente a dicho complejo y una oficina ubicada en el barrio de Retiro.
Los testimonios incorporados al expediente describen que los encuentros eran convocados bajo una modalidad recreativa. Durante estas reuniones, el imputado presuntamente facilitaba bebidas alcohólicas de alta graduación e implementaba juegos de resistencia económica, además de efectuar transferencias de dinero hacia billeteras virtuales destinadas a apuestas en línea.
Paralelamente, las pericias informáticas realizadas sobre el teléfono celular secuestrado a Porcel detectaron registros de contenido explícito, entre los cuales se identificaron capturas de secuencias tomadas por un dispositivo de seguridad instalado en el sanitario de su propiedad.
Debido al tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones en 2024, algunas de las víctimas alcanzaron la mayoría de edad durante el transcurso del proceso.
Actualmente, el proceso mantiene bajo análisis un recurso de la defensa vinculado a la extracción de muestras para el Registro Nacional de Datos Genéticos. El representante legal del empresario sostiene que la normativa vigente al momento de las denuncias en 2024 requería una condena firme para la obligatoriedad de la medida. Por el contrario, la querella argumenta que la oposición a este estudio constituye un elemento adverso para la situación del acusado.
Mientras se define la elevación a juicio, Porcel permanece en libertad vigilada mediante el monitoreo de una tobillera electrónica. El dispositivo supervisa el cumplimiento de una restricción perimetral que le prohíbe aproximarse a los denunciantes y sus grupos familiares, así como egresar del territorio nacional. Por su parte, la Policía de la Ciudad proveyó de dispositivos de alerta rápida a los domicilios de los jóvenes involucrados.
El avance de los plazos procesales determinará los mecanismos técnicos con los que la justicia evaluará la responsabilidad del imputado.
Ante un escenario de oposiciones cruzadas entre las garantías constitucionales invocadas por la defensa y la consistencia probatoria señalada por la fiscalía, la resolución del juez Bruniard marcará el cierre de la instrucción, abriendo una instancia donde el debate oral y la contradicción de las pruebas definirán el desenlace de una causa que conmueve al ámbito escolar y comunitario. ¿De qué manera lograrán las instituciones judiciales equilibrar la celeridad del proceso con el resguardo de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas?
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