Un informe de la Policía Federal contradijo la versión oficial del presidente sobre la criptomoneda $Libra. En paralelo, la defensa de Mauricio Novelli solicitó la exclusión de los damnificados para frenar el avance de las indagatorias en la causa judicial.
El expediente judicial que investiga la presunta estafa de la criptomoneda $Libra sumó un capítulo determinante tras la filtración de un documento técnico. Un análisis especializado realizado por la Policía Federal Argentina desmintió el relato público ofrecido por el entorno presidencial.
Datos clave del informe de cibercrimen:
Control absoluto: El equipo del desarrollador Hayden Davis poseía el dominio exclusivo de los tokens.
Sin cotización: La criptomoneda no figuraba en ninguna plataforma de intercambio centralizada el día del tuit oficial.
Maniobra oculta: Se sospecha un vaciado de liquidez programado conocido en el entorno financiero como rug pull.
El informe informático determinó que, al momento de la promoción digital realizada el 14 de febrero de 2025, el activo carecía de cualquier tipo de oferta pública regulada. Esto contradice las declaraciones de Javier Milei, quien aseguró que se trataba de una moneda de libre acceso.
Ante el avance de estas pruebas periciales, la estrategia de la defensa de Mauricio Novelli se enfocó en apartar de manera inmediata a los cinco principales querellantes. El abogado Daniel Rubinovich argumentó que el derecho penal no debe intervenir en decisiones financieras fallidas.
Los abogados que representan a los damnificados calificaron este pedido como una maniobra dilatoria inaceptable. Los denunciantes advierten que la exclusión de las querellas busca bloquear el acceso de la prensa a las novedades más sensibles del expediente penal.
La validez de los inversores particulares como parte acusadora ya había sido ratificada por las máximas instancias de la Cámara de Casación. Sin embargo, las víctimas critican con dureza la supuesta pasividad del fiscal federal Eduardo Taiano para ordenar las indagatorias.
El entorno de los damnificados sospecha que el fiscal intentó ocultar previamente los resultados de los peritajes telefónicos realizados sobre los dispositivos móviles de Novelli. Actualmente, los bienes del trader continúan congelados, aunque los montos de los embargos siguen sin fijarse.
La investigación penal también comenzó a seguir la pista de nuevos actores secundarios que habrían operado como nexos económicos. La Dirección General de Investigaciones Tecnológicas (DATIP) está procesando los dispositivos electrónicos de dos presuntos intermediarios clave.
Uno de los apuntados es Favio Rodríguez Blanco, un influencer de finanzas digitales acusado de realizar compras masivas previas al tuit presidencial, simulando un uso de información privilegiada. El otro sospechoso es Orlando Mellino, un jubilado que recibió transferencias millonarias.
Los registros bancarios exponen que Mellino recibió más de un millón de dólares en activos virtuales por parte del desarrollador extranjero de la moneda. El dinero fue atomizado con rapidez hacia distintas billeteras digitales que los peritos intentan rastrear.
El caso penal mantiene en alerta a la Casa Rosada debido a las derivaciones institucionales de las maniobras financieras. Los querellantes afirman que la criptomoneda no hubiese tenido trascendencia comercial sin el respaldo explícito de las cuentas oficiales del Poder Ejecutivo.
A más de un año de iniciada la denuncia, el avance lento de las medidas de prueba sigue generando fuertes cruces políticos en el ámbito parlamentario. La oposición legislativa exige la citación de funcionarios claves para esclarecer el presunto fraude financiero internacional.
El descargo final de los equipos legales que impulsan la causa resalta que revertir la participación de los damnificados dejaría el caso desamparado. Por este motivo, el juez a cargo de la causa deberá definir en los próximos días el futuro del proceso legal.
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