Durante este martes 30 de junio, cuatro gremios docentes bonaerenses realizarán un paro de 24 horas en las escuelas públicas de la provincia. La medida responde a la falta de ofertas salariales y al aumento de la violencia escolar.
Durante este martes 30 de junio, cuatro gremios docentes bonaerenses realizarán un paro de 24 horas en las escuelas públicas de la provincia. La medida responde a la falta de ofertas salariales y al aumento de la violencia escolar.
La jornada sin actividad escolar afectará a establecimientos públicos de la provincia de Buenos Aires. Cuatro de las cinco organizaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmaron la suspensión de tareas por 24 horas. La decisión interrumpió el período de regularidad que mantenía la administración del gobernador Axel Kicillof con los sindicatos mayoritarios.
La convocatoria fue resuelta por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).
Sin embargo, la quinta entidad del frente decidió no sumarse a la protesta. Mediante un documento conjunto, las agrupaciones argumentaron que la medida respondió a la falta de respuestas a demandas sostenidas por el sector y describieron un escenario de ajuste en la educación pública.
El pliego de demandas se dividió entre las responsabilidades de la administración nacional y de la gestión provincial. Por un lado, las entidades exigieron al Poder Ejecutivo nacional la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del artículo presupuestario destinado a la Escuela Técnico Profesional. Por otro lado, demandaron a las autoridades bonaerenses la reapertura inmediata de la mesa paritaria.
Las últimas reuniones sectoriales sucedieron el 11 y 12 de junio. En aquellos encuentros, el gobierno provincial no presentó ofertas de incremento y posteriormente liquidó los salarios correspondientes a ese mes sin variaciones.
El descontento creció debido a que los sueldos actuales partieron de bases rezagadas. No obstante, fuentes ministeriales indicaron que los plazos técnicos conceden margen hasta el 15 de julio, fecha límite para la próxima liquidación salarial.
El segundo eje central de la huelga abordó el incremento de los episodios de violencia dentro de los colegios. Los gremios instaron al Estado provincial a adoptar medidas para garantizar la integridad de los trabajadores y estudiantes.
Solicitaron la implementación del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, además de la creación de un protocolo de protección complementario.
La presidente de la FEB, Liliana Olivera, señaló que existió una proliferación de hechos delictivos en los ámbitos escolares que requirieron la aplicación de sanciones penales y contravencionales contempladas en la legislación vigente.
Asimismo, el reclamo incluyó la exigencia de garantizar la desconexión digital fuera del horario de labor y modificaciones al Régimen Académico para frenar la sobrecarga de tareas.
Frente a la disminución de los índices de natalidad, solicitaron la derogación de las resoluciones 3367 y 333 para proteger los puestos de trabajo. Finalmente, manifestaron preocupación por los posibles cambios nacionales en el régimen jubilatorio que afectarían al Instituto de Previsión Social (IPS) y reclamaron mejoras en las prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
El paro de actividades expone la complejidad de la administración escolar bonaerense en un contexto de recursos escasos. Queda por ver si el Ministerio de Trabajo convocará a una mesa de diálogo antes de la liquidación de julio para mitigar la pérdida de jornadas de clase.
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