Revés judicial para la CGT luego de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazara suspender la reforma laboral. Magistrados señalaron que la cautelar no cumple los requisitos legales y que el debate de fondo tendrá una resolución en plazos cortos.
Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó el rechazo a la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la cual pretendía suspender de forma provisoria la aplicación de 81 artículos de la Ley 27.802. Los camaristas determinaron que la presentación de la entidad sindical no reunió los requisitos legales indispensables para dictar una medida de carácter urgente y excepcional.
Los magistrados Rogelio Vincenti y Jorge Eduardo Morán firmaron la sentencia que mantiene la plena vigencia de la norma. Los integrantes del tribunal explicaron que resolver la inconstitucionalidad de una ley en un incidente preliminar equivaldría a adelantar una opinión sobre el fondo del caso.
Asimismo, recordaron que el texto legal emanó del Congreso Nacional bajo los mecanismos que establece la Constitución Nacional, por lo que posee una presunción legítima que requiere criterios estrictos para ser desestimada.
Argumentos de la central obrera se enfocaron en el denominado peligro en la demora. Abogados del gremio sostuvieron que la aplicación inmediata de las modificaciones normativas generaría perjuicios graves e irreversibles sobre los salarios, las licencias y el derecho a huelga.
Sin embargo, la Cámara desestimó este criterio tras señalar que los plazos procesales vigentes para este tipo de juicios colectivos garantizan una pronta resolución definitiva, lo que neutraliza el riesgo de un daño irreparable en el tiempo intermedio.
Representantes del Estado Nacional, en conjunto con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Sociedad Rural, respaldaron el criterio judicial. Estas organizaciones manifestaron que la demanda de la central sindical pretendía un control abstracto de la constitucionalidad de la norma, un procedimiento ajeno a las facultades del Poder Judicial, el cual solo debe intervenir ante casos concretos y específicos de afectación de derechos.
Los conflictos judiciales en torno a la reforma impulsada por el presidente de la Nación Javier Milei comenzaron en marzo. En aquella oportunidad, el juez laboral Raúl Ojeda concedió una medida cautelar que paralizó modificaciones troncales en materia de antigüedad, subcontratación, despidos y bancos de horas extra.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo apeló la resolución, provocando el traslado del expediente desde el fuero laboral hacia el fuero contencioso administrativo.
La decisión de primera instancia en la nueva jurisdicción correspondió a la jueza Macarena Marra Giménez, quien en mayo levantó la suspensión temporaria de los artículos. La magistrada argumentó entonces que la enorme complejidad del planteo imposibilitaba un análisis acelerado.
Con el aval actual de la Cámara a dicha postura, la jueza de primera instancia se encuentra habilitada para estudiar el núcleo del reclamo y definir la validez constitucional de la reforma.
Paralelamente, el tribunal de alzada recordó que el desarrollo de este proceso colectivo no impide que los empleados particulares promuevan litigios de forma tutelada. Aquellos ciudadanos que consideren vulnerados sus derechos laborales mantienen la facultad de iniciar demandas individuales mientras se tramita la conclusión de la causa general.
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