Morales Solá denuncia maniobras en Comodoro Py para favorecer a Tapia y Toviggino. Alerta sobre el avance de Viola y Mahiques designando jueces “a los empellones” para desarticular causas como $LIBRA y el histórico vaciamiento de YPF.
Morales Solá denuncia maniobras en Comodoro Py para favorecer a Tapia y Toviggino. Alerta sobre el avance de Viola y Mahiques designando jueces “a los empellones” para desarticular causas como $LIBRA y el histórico vaciamiento de YPF.

El destacado editorialista, Joaquín Morales Solá, expone un fuerte rumor en Comodoro Py: la Cámara de Casación, con los votos de Mariano Borinsky y Javier Carbajo, planea arrebatarle a la jueza Verónica Straccia la causa por la mega mansión de Pilar vinculada a los líderes de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, para devolvérsela al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, considerado afín a los dirigentes. Esto ocurre mientras ambos ya están procesados en el fuero Penal Económico por una evasión fiscal agravada estimada en 400 millones de dólares.
Morales Solá vincula estas maniobras con gestiones de Santiago Viola (viceministro de Justicia y apoderado de La Libertad Avanza) en tándem con el ministro Juan Bautista Mahiques, exasesor de la AFA. Al respecto, el autor ironiza sobre el espectacular contorsionismo de Viola, quien pasó de sembrar testigos falsos para defender a los hijos de Lázaro Báez en la “Ruta del Dinero K” a ser un subordinado de Karina Milei, funcionaria salpicada por habilitar el desembarco del polémico caso cripto $LIBRA.
En paralelo, Morales Solá denuncia la insólita resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien apartó a los damnificados de la causa $LIBRA bajo el argumento de que en el mundo cripto “se sabe que se puede ganar o perder”. Esta decisión, que deja el expediente sin el impulso de la querella y en manos de un fiscal pasivo como Eduardo Taiano, coincide con que la esposa de Martínez de Giorgi espera un decreto presidencial para asumir como jueza en Hurlingham y él mismo aspira a un ascenso. En contraste, el Gobierno congela el pliego del intachable camarista Martín Irurzun. El autor cita al abogado Bernardo Saravia Frías para graficar el actual proceso de selección de magistrados:
“Se están designando centenares de jueces a los empellones, abusando de procedimientos para alterar órdenes de mérito y privilegiando afinidades sobre excelencia”.
Finalmente, Morales Solá, destaca un revés para el juez Ariel Lijo —eterno aspirante a Procurador General—, a quien la Cámara Federal le ordenó aceptar como querellante a una ONG integrada por María Eugenia Talerico y Marcela Campagnoli en la causa por el vaciamiento de YPF. Este expediente, iniciado hace dos décadas tras una denuncia de Elisa Carrió contra la familia Esquenazi (Grupo Petersen) y Repsol, permaneció paralizado en el despacho de Lijo mientras la mala praxis de la estatización kirchnerista derivaba en un multimillonario litigio en Nueva York. Morales Solá concluye advirtiendo que las ambiciones personales de ciertos magistrados destruyen la independencia institucional.
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