En una jornada de negociaciones parlamentarias, el oficialismo y bloques aliados acordaron sesionar el próximo jueves en el Senado para debatir el polémico proyecto de propiedad privada, una iniciativa que busca liberar la venta de tierras rurales a extranjeros.
La Libertad Avanza y los bloques aliados en la Cámara Alta acordaron sesionar el próximo jueves 16 de julio a las 12:00 para tratar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La convocatoria se definió en una reunión de Labor Parlamentaria donde se evidenciaron discrepancias sustanciales respecto al articulado de la norma, de manera particular en lo referido a la flexibilización para la adquisición de terrenos rurales por parte de ciudadanos o firmas extranjeras.
El temario también incluirá la discusión de seis acuerdos diplomáticos y 28 pliegos para designaciones en el Poder Judicial de la Nación.
A pesar de las negociaciones encabezadas por la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, el número de legisladores necesarios para habilitar el inicio del debate parlamentario permanece incierto.
Diversos senadores reconocieron de forma reservada que la ausencia de algunos representantes dificulta asegurar las 37 bancas críticas del quórum. Paralelamente, la iniciativa legislativa acumula resistencias severas; la propia vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, manifestó su postura contraria al proyecto durante el intercambio con los líderes de las bancadas en la reunión de este mediodía.
El texto original enviado por la administración central obtuvo dictamen el pasado 20 de mayo y experimentó catorce revisiones desde esa fecha. El punto de mayor fricción radica en la modificación del artículo 3° de la ley de Tierras, número 26.737.
La versión más reciente que llegará al recinto remueve las restricciones generales a la compra de suelo por parte de extranjeros, limitando la prohibición únicamente a estados de otros países o corporaciones con participación estatal externa.
Para estos casos particulares, el borrador estipula que cualquier operación requerirá el aval conjunto del Poder Ejecutivo Nacional y de la provincia donde se ubique el predio.
Por otra parte, el proyecto contempla modificaciones complementarias al Código Procesal y al Código Civil y Comercial. El texto propone acelerar los mecanismos de desalojo en situaciones de usurpación de viviendas o campos, introduce pautas normativas para los procesos de expropiación estatal y modifica la ley de manejo del fuego.
Ante la complejidad de estas reformas, las autoridades legislativas resolvieron postergar para el 6 de agosto el tratamiento de la denominada ley hojarasca, la reforma de salud mental y el endurecimiento de penas por falsas denuncias.
El interbloque Popular, coordinado por los senadores Juliana Di Tullio y Fernando Salino, ratificó su rechazo al proyecto y comenzó una estrategia de persuasión individual orientada a los legisladores indecisos para desarticular la iniciativa oficial.
Durante el encuentro de Labor Parlamentaria, los representantes de la oposición reprocharon la alteración de acuerdos previos relacionados con la citación del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya comparecencia quedó desactivada tras la dimisión a su cargo ocurrida semanas atrás.
Respecto a las designaciones judiciales, el cuerpo tratará la continuidad del vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Víctor Pesino, quien cumplirá 75 años el 27 de julio y cuenta con un pedido del Ejecutivo para prorrogar sus funciones por cinco años.
Asimismo, ingresará el pliego de Juan Tomás Rodríguez Ponte para el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, tribunal encargado de la investigación judicial sobre Martín Insaurralde y Jesica Cirio.
En un plano periférico, las negociaciones políticas se trasladaron al debate sobre la reforma electoral y la supresión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
El oficialismo promueve la supresión de dicho mecanismo, una postura que comparte el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien calificó al sistema como una encuesta costosa que debilita a los partidos.
No obstante, las bancadas del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR) manifestaron su intención de preservar las primarias, mientras que el bloque Convicción Federal, liderado por la senadora Carolina Moisés, supeditó su posicionamiento a las resoluciones que adopten los mandatarios provinciales del norte argentino con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La concreción de la jornada legislativa dependerá de la capacidad del oficialismo para saldar las dudas que sostienen sus aliados habituales en torno a la enajenación de recursos naturales.
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