El dirigente social recurrió el polémico fallo del juez Martínez de Giorgi, quien había apartado a los damnificados argumentando que el token promocionado por Milei era solo una “memecoin” volátil.
El dirigente social recurrió el polémico fallo del juez Martínez de Giorgi, quien había apartado a los damnificados argumentando que el token promocionado por Milei era solo una “memecoin” volátil.

La batalla en los tribunales por la controvertida criptomonedas $Libra sumó un capítulo de altísima tensión política y judicial. El dirigente social y abogado Juan Grabois presentó un recurso de apelación ante la Cámara Federal con el objetivo de revertir la exclusión de los damnificados como querellantes en la causa por presunta estafa. La medida del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, dictada el pasado viernes 3 de julio, había provocado un fuerte rechazo al hacer lugar a un planteo de la defensa de Mauricio Novelli, uno de los principales imputados en el expediente. Con esta resolución, el magistrado dejó fuera del proceso a cinco de los denunciantes clave, debilitando drásticamente el control civil sobre la investigación.
En su escrito, Grabois cuestionó con dureza los fundamentos del juzgado y afirmó que las pruebas acumuladas desmienten por completo la versión de la defensa. “No se trata de un caso dudoso en el que deba dirimirse si la baja de cotización de un activo digital constituye o no un daño resarcible; se trata de una hipótesis delictiva grave, con prueba concreta de ardid, acceso privilegiado a información reservada y extracción coordinada de fondos”, disparó el letrado. De este modo, la querella busca dejar en claro que el desplome del activo no obedeció a un mero vaivén de las finanzas digitales, sino a una maniobra delictiva coordinada para vaciar las cuentas de los inversores.
La salida de las víctimas del expediente enciende las alarmas sobre el futuro inmediato de la investigación. Al privar a los denunciantes de su rol activo, la causa por el token que el propio presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales queda bajo la órbita exclusiva del fiscal Eduardo Taiano, duramente criticado por la parálisis del caso. Desde las querellas advierten que, en un año y medio de tramitación, la fiscalía ha mostrado una alarmante lentitud y todavía no ha citado a declarar a ninguno de los sospechosos. Para Grabois, consolidar la exclusión de los damnificados equivale a vaciar de control un proceso que requiere la máxima transparencia dada la sensibilidad institucional de los involucrados.
A la contraofensiva de Grabois se sumó la presentación del abogado Nicolás Oszust, defensor de otro de los damnificados excluidos. Oszust denunció que el magistrado basó su decisión en afirmaciones dogmáticas e incurrió en absurdos lógicos al evaluar la trazabilidad de la tecnología blockchain, ignorando actas notariales decisivas. El abogado recordó que la propia Cámara Federal ya había confirmado con anterioridad la legitimación procesal de las víctimas, por lo que el repentino giro de Martínez de Giorgi causa un gravamen irreparable a los derechos de los estafados.
La polémica principal radica en la llamativa justificación del juez para archivar las querellas. Martínez de Giorgi catalogó a $Libra como una simple “memecoin” nacida a modo de broma dentro de la red Solana, dictaminando que las pérdidas económicas forman parte del riesgo inherente de un mercado altamente volátil. Bajo ese argumento, y amparándose en el anonimato de las billeteras virtuales, el juez concluyó que no se puede demostrar fehacientemente la titularidad de los fondos perdidos por el delito. Ahora, la Cámara Federal tendrá la última palabra para decidir si devuelve la voz a los damnificados o si deja la causa al borde del archivo definitivo.
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