Por orden de la Justicia previsional, el Gobierno restablecerá la pensión mensual de 15.683.154,06 pesos a Cristina Kirchner. Sin embargo, la administración recortará el adicional por zona austral y retendrá mensualmente más de tres millones de pesos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) notificó formalmente al juzgado competente que procederá a dar de alta nuevamente la asignación mensual como ex Jefa de Estado a Cristina Kirchner.
El restablecimiento del haber, que fue suspendido a finales de noviembre de 2024, se ejecutará en cumplimiento estricto de una medida cautelar dictada por el fuero de la seguridad social.
El organismo previsional detalló en el expediente que el monto bruto asignado ascenderá a la suma de 15.683.154,06 pesos. Sobre este valor de base se aplicarán de forma directa las deducciones obligatorias que establece la legislación vigente, correspondientes a los conceptos de obra social y al impuesto a las ganancias.
A las retenciones impositivas ordinarias se sumarán dos medidas financieras adicionales dispuestas por las autoridades gubernamentales. En primer lugar, el organismo previsional aplicará un descuento mensual equivalente al 20% del haber bruto, cifra que se fijó en 3.136.630,81 pesos.
Esta deducción se extenderá de manera sistemática hasta cubrir un total de 660.052.338,87 pesos, fondos que el Estado considera percibidos de manera indebida por la exmandataria durante los períodos anteriores.
En segundo término, la liquidación de la asignación no incorporará el pago del beneficio por zona austral. La ANSES argumentó ante la sede judicial que el Tribunal Oral Federal 2, responsable directo de la ejecución de la pena en la causa Vialidad, determinó que la exfuncionaria cumple la condena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en un inmueble de la calle San José 1111, ubicado en el barrio porteño de Monserrat.
Al registrarse su permanencia efectiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el organismo consideró improcedente el pago de dicho adicional geográfico.
Paralelamente al cumplimiento técnico de la orden judicial, el Ministerio de Capital Humano mantiene vigente una vía de apelación institucional. Las autoridades correspondientes presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el propósito de revertir la vigencia de la medida cautelar y suspender definitivamente las transferencias económicas de carácter excepcional.
La representación del Estado sostuvo que se agotarán los mecanismos procesales disponibles, bajo el argumento de que la Ley 24.018 regula estas asignaciones como un reconocimiento formal al mérito y el buen desempeño en el ejercicio del cargo.
Desde la perspectiva oficial, esta condición resulta incompatible con la existencia de una condena penal firme por delitos relacionados con la administración fraudulenta en perjuicio de las arcas públicas.
Sin embargo, desde la baja del beneficio previsional a finales de 2024, la ex Jefa de Estado se encontraba habilitada para tramitar una jubilación mínima del régimen general, cuyo valor de referencia a julio se ubicó en 411.898 pesos, aunque el trámite nunca se inició.
La resolución definitiva del conflicto previsional dependerá ahora de la velocidad del análisis del máximo tribunal del país. Resta determinar si el criterio técnico de la contraprestación excepcional prevalecerá sobre el derecho previsional adquirido en las instancias ordinarias, un dilema legal que redefine los límites de los privilegios institucionales frente a las sentencias del fuero penal.
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