Autoridades judiciales detuvieron a un abogado y buscan a su socio en Ituzaingó por una presunta estafa piramidal que supera el millón de dólares, tras la denuncia de cinco damnificados que invirtieron en una firma financiera falsa.
Autoridades judiciales detuvieron a un abogado y buscan a su socio en Ituzaingó por una presunta estafa piramidal que supera el millón de dólares, tras la denuncia de cinco damnificados que invirtieron en una firma financiera falsa.
El abogado Ángel Elías Gómez, de 45 años, quedó detenido tras un allanamiento en su vivienda, mientras que su colega, el socio Juan Ignacio Lombardo, de 35 años, permanece prófugo con una orden de captura internacional.
Ambos están acusados de liderar una organización ilícita que operaba en el Complejo Thays, un sofisticado centro comercial ubicado en Villa Udaondo.
En ese lugar funcionaban las oficinas de Avalon Capital Futures Investments, una supuesta empresa dedicada a las inversiones en la Bolsa de Comercio, el mercado de soja y activos criptográficos.
La investigación comenzó luego de que cinco ahorristas denunciaron haber sido engañados por los profesionales. Los imputados atraían a los clientes mediante anuncios en redes sociales y reuniones presenciales, donde aseguraban falsamente ser miembros de la Cámara de Comercio Argentina para otorgar credibilidad a la firma.
El mecanismo consistía en ofrecer rendimientos en moneda extranjera con tasas de interés de entre el 2,5% y el 5% mensual, valores sustancialmente superiores a los del mercado financiero formal.
El agente fiscal Lucio Rivero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada Número 2 de Ituzaingó, detalló que los acusados cumplían con el pago de los intereses durante los primeros dos o tres meses. Esta estrategia buscaba generar confianza para que las víctimas realizaran desembolsos mayores.
Posteriormente, los sospechosos interrumpían los pagos argumentando supuestas pérdidas bursátiles y cortaban toda comunicación con los inversores.
Entre los casos documentados, un damnificado entregó 100 mil dólares en mayo de 2025 bajo un contrato a término de 180 días. En octubre del mismo año, lo persuadieron para aportar otros 30 mil dólares antes de suspender las liquidaciones.
Otra de las víctimas aportó un capital inicial de 350 mil dólares, mientras que las tres personas restantes entregaron sumas de 50 mil, 250 mil y 64.400 dólares, respectivamente.
La jueza de Garantías Laura Pinto ordenó los operativos donde se secuestraron carpetas con contratos, dos teléfonos celulares, una computadora portátil y tarjetas corporativas. Además, las fuerzas policiales incautaron tres automóviles de alta gama: un Mercedes Benz SLK 350, un Mini Countryman Cooper S y una camioneta Dodge RAM 1500.
La Justicia dispuso la inhibición preventiva de los bienes de los dos investigados, quienes afrontan cargos por estafa reiterada en concurso real. Paralelamente, la fiscalía solicitó informes comerciales y societarios a la Inspección General de Justicia (IGJ), al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para determinar el estatus legal de la compañía.
El análisis de la documentación recabada en las oficinas comerciales sugiere la existencia de un número considerable de ciudadanos afectados que aún no formalizaron sus presentaciones legales.
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