Ante el avance del incendio forestal en la comarca de Almería, los equipos de emergencia registraron 12 fallecidos y 23 desapariciones. Las condiciones escarpadas del terreno forzaron la evacuación preventiva de 1.405 ciudadanos.
Ante el avance del incendio forestal en la comarca de Almería, los equipos de emergencia registraron 12 fallecidos y 23 desapariciones. Las condiciones escarpadas del terreno forzaron la evacuación preventiva de 1.405 ciudadanos.
El incendio forestal iniciado en el municipio de Los Gallardos se extendió con rapidez hacia el término de Bédar, afectando cerca de 4.000 hectáreas de monte bajo, matorral y pinar.
Las primeras indagaciones de las autoridades apuntaron a la caída de un cable del tendido eléctrico como el origen de las llamas, las cuales avanzaron impulsadas por fuertes vientos variables de componente sur y suroeste.
El Centro Integrado de Datos confirmó el fallecimiento de 12 personas. Cuatro de los cuerpos aparecieron en el interior de un vehículo con el volante a la derecha a escasa distancia de la carretera principal.
Las otras ocho víctimas perecieron en el escarpado monte de Bédar mientras intentaban huir a pie. El consejero de Presidencia, Emergencias y Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informó que la mayoría de los fallecidos eran de origen extranjero y un varón español.
El Instituto de Medicina Legal de Almería concluyó las 12 autopsias preliminares. Debido al estado de los restos, los forenses enviaron las muestras biológicas en helicóptero al servicio de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid para su identificación genética.
El balance provisional sumó además ocho heridos, de los cuales cuatro ingresaron en estado grave en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. El tribunal encargado de la investigación judicial autorizó el levantamiento de los cadáveres.
La reactivación del flanco noroeste obligó a la Guardia Civil a ordenar la evacuación preventiva de los núcleos de El Chive, La Alameda, Los Castaños y varias pedanías de Lubrín. El operativo de seguridad civil cobijó a un total de 1.405 personas en centros asistenciales de Garrucha, Mojácar y Antas, mientras que 80 vecinos permanecieron confinados en El Pocico para salvaguardar sus vías respiratorias por el humo.
El director gerente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, Alejandro García, argumentó la decisión de no activar el sistema de aviso telefónico ‘Es-Alert’. El directivo precisó que el mecanismo tecnológico no discrimina áreas menores al radio de una antena repetidora, lo que hubiese causado salidas masivas innecesarias y el colapso de las rutas locales, caracterizadas por accesos estrechos y escarpados. Las autoridades recordaron que algunos residentes que optaron por el confinamiento en sus hogares salvaron la vida.
Un contingente de 500 efectivos terrestres asumió las tareas de contención durante las horas nocturnas para proteger las áreas pobladas. El dispositivo global incorporó a 222 profesionales del Plan Infoca, 200 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 19 bomberos forestales de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), ocho autobombas y el soporte aéreo de 32 aeronaves.
El mando de control constató una mejora en el flanco este del perímetro, donde las maniobras impidieron que el fuego cruzara la autovía A-7, cuyo tráfico continuó desviado hacia la carretera nacional N-340.
Las unidades policiales mantuvieron activas las inspecciones en las zonas calcinadas para contrastar las siete denuncias formales de desaparición registradas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, frente a los 23 ciudadanos no localizados en los primeros inventarios de la comarca.
El siniestro se inscribió como uno de los sucesos forestales más graves de las últimas décadas en territorio nacional, equiparando en registros de fatalidad al incendio de Riba de Saelices ocurrido en julio de 2005.
La administración autonómica decretó tres días de luto oficial en la comunidad autónoma mientras las dotaciones técnicas intentan consolidar las líneas de control aprovechando la disminución en la intensidad de las rachas de viento.
Tras el fracaso de las negociaciones en Washington, Ottawa aplicará gravámenes de hasta el 50% a más de 700 productos estadounidenses desde el 8 de septiembre para resguardar la producción nacional.
A cuatro años del doble crimen de Vicente López, Martín del Río contactó por correo electrónico a su exesposa desde la cárcel de San Martín, lo que motivó a la Justicia de San Isidro a dictarle una prohibición de comunicación por violencia psicológica.
Representantes del sector agropecuario expusieron en la Cámara de Diputados de la Nación para respaldar un proyecto de ley que tipifica la intrusión y aumenta las penas por daños a la infraestructura productiva.
Luego de finalizar la representación con su padre Alejandro Stoessel tras 15 años, una auditoría encargada por Martina Stoessel reveló que la cantante no figura como socia en las empresas que administran sus ingresos millonarios, desencadenando negociaciones para recuperar el control patrimonial.
Cristian Auguadra compareció ante la Comisión Bicameral del Congreso. Descartó amenazas terroristas, negó detenciones bajo el DNU 941/2025 y explicó la logística para la visita del papa León XIV en noviembre.
Cerca de 1,2 millones de refugiados rohingya enfrentan recortes en la ayuda humanitaria y el recrudecimiento del conflicto armadamente violento en Myanmar, mientras Bangladesh mantiene la asistencia en campamentos superpoblados.
Un juez bonaerense ordenó el arresto de 15 agentes penitenciarios, entre ellos la jefa del penal de mujeres de Magdalena, por torturas y abusos sexuales contra al menos cuatro internas en junio. La Justicia describe un esquema sistemático de vejaciones.
Ante los reiterados cuestionamientos de Sabrina Rojas sobre su vida sentimental, Griselda Siciliani respondió durante un móvil de Intrusos, se declaró agotada del conflicto y marcó una clara diferencia entre la vida privada y la intimidad.
