Ante la mayor caída histórica en el financiamiento internacional, un millón de mujeres y niñas perdieron el acceso a asistencia esencial en zonas de conflicto, tras desbordarse la capacidad operativa de las organizaciones locales, según reveló un informe de ONU Mujeres publicado este viernes.
El documento titulado “Más allá del punto crítico” analizó de forma exhaustiva la situación de 855 organizaciones dirigidas por mujeres en 52 países afectados por crisis humanitarias.
La investigación confirmó que el 84% de estas entidades registró un incremento sostenido en las solicitudes de asistencia desde enero de 2025.
Sin embargo, debido a la reducción en la ayuda oficial al desarrollo, cerca de nueve de cada diez de estas agrupaciones reportaron la imposibilidad absoluta de cubrir la demanda actual de servicios médicos y sociales.
La jefa de Acción Humanitaria de ONU Mujeres, Sofia Calltorp, advirtió que el retiro de financiamiento afectó directamente a sobrevivientes de violencia sexual, madres desplazadas y menores desescolarizadas.
El reporte vinculó la caída presupuestaria a los recortes de miles de millones de dólares en asistencia exterior por parte de la administración estadounidense de Donald Trump, sumado a las presiones fiscales y al aumento del gasto militar en otros países donantes.
Actualmente, cerca de 120 millones de mujeres y niñas requirieron asistencia y protección en el mundo, en un contexto donde los conflictos armados alcanzaron niveles inéditos en ochenta años.
La falta de recursos financieros obligó al 40% de las organizaciones encuestadas a prever un cierre temporal o definitivo durante el próximo año. Asimismo, casi la mitad de estas entidades manifestó contar con menos de seis meses de financiamiento operativo para mantener sus dependencias activas.
Para sostener las actividades básicas en regiones como Sudán, Haití o la República Democrática del Congo, el 65% del personal trabajó sin recibir remuneración económica, lo que derivó en un profundo desgaste laboral para el 48% de las trabajadoras de proximidad.
Paralelamente, la contracción de los servicios comunitarios generó consecuencias colaterales en los territorios más vulnerables. El 92% de las agrupaciones observó un incremento en los niveles de pobreza, mientras que el 82% constató la deserción escolar en niñas.
Por otra parte, los casos de violencia sexual vinculados a conflictos armados se duplicaron durante el último año, en un entorno donde el 62% de los espacios seguros disminuyó o desapareció por completo, elevando también los índices de matrimonio infantil en un 72% y el sexo de supervivencia en un 61%.
A raíz de la escasez de fondos, el 63% de los colectivos humanitarios restringió sus prestaciones en comunidades remotas o de difícil acceso. Las listas de espera y el rechazo de solicitudes afectaron a la mitad de estas organizaciones; un ejemplo de ello ocurrió en la República Democrática del Congo, donde una sola entidad reportó el registro en espera de más de 1.500 hogares encabezados por mujeres.
Frente a este panorama, las entidades civiles demandaron a la comunidad internacional una transformación estructural en los mecanismos de financiamiento. Entre las peticiones destacaron la necesidad de implementar fondos flexibles y plurianuales, establecer un contacto directo con los donantes mundiales y reducir significativamente el número de intermediarios en la cadena de distribución de recursos.
La sostenibilidad de la infraestructura humanitaria local quedó sujeta a las futuras decisiones de los países aportantes y a la reconfiguración de los presupuestos globales. En un escenario de crecientes conflictos, cabe plantearse si los mecanismos tradicionales de asistencia internacional lograrán adaptarse para evitar el colapso definitivo de las redes de protección comunitaria en las regiones más vulnerables del planeta.
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