Agrupaciones comunitarias y gremios iniciarán protestas contra la eliminación del programa Volver al Trabajo y la parálisis de obras de integración, tras el fallo judicial que habilitó la clausura del esquema social desde agosto.
Agrupaciones comunitarias y gremios iniciarán protestas contra la eliminación del programa Volver al Trabajo y la parálisis de obras de integración, tras el fallo judicial que habilitó la clausura del esquema social desde agosto.
La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que frenaba la disolución del programa estatal, lo cual habilitó al Ministerio de Capital Humano a proceder con su cierre definitivo.
Los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández argumentaron que la iniciativa, heredera del antiguo Potenciar Trabajo, poseía un límite temporal de 24 meses y podía ser sustituida por el esquema de capacitación basado en cupones denominado Formando Capital Humano.
Esta resolución judicial afectará de forma directa a 929.677 beneficiarios que percibían un ingreso mensual de 78.000 pesos, una cifra que permaneció inalterada desde noviembre de 2023.
De acuerdo con las estimaciones de los equipos técnicos de las organizaciones de la economía popular, dicho congelamiento nominal derivó en una pérdida del 74% en el poder adquisitivo real de la prestación alimentaria.
Diversas agrupaciones criticaron con dureza el fallo del tribunal de alzada. La secretaria gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Johana Duarte, advirtió que la interrupción de estos fondos profundizará la recesión en los barrios y deteriorará el circuito comercial de cercanía en las provincias del país. Según planteó la dirigente, el dinero que deja de percibir este sector vulnerable impactará de lleno en la facturación de almacenes, verdulerías y pequeños comercios minoristas.
Paralelamente, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, vinculó el cese de los programas con un incremento en las dificultades financieras de las familias de menores ingresos.
El referente gremial señaló que aproximadamente siete millones de ciudadanos enfrentan restricciones para acceder al financiamiento bancario formal debido a una tasa de morosidad que se ubicó en el 12,7%, situación que empuja a un sector de la población hacia esquemas de endeudamiento informal.
Representantes gremiales y movimientos de izquierda coordinaron una agenda de protestas que contará con el acompañamiento orgánico de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). El cronograma de acciones se iniciará el 22 de julio con una manifestación junto al sector de los jubilados frente al Congreso de la Nación.
Posteriormente, el 7 de agosto, las entidades concretarán la tradicional marcha de San Cayetano desde el barrio porteño de Liniers hasta la Plaza de Mayo. Los organizadores recordaron que se cumplirán diez años de la primera movilización de este tipo, realizada en 2016, y proyectaron que la jornada servirá para unificar los reclamos contra el programa macroeconómico del Poder Ejecutivo.
El plan de lucha también contempla una protesta frente al Ministerio de Economía durante la primera quincena de agosto y un encuentro de trabajadores y empresarios afectados por la coyuntura fabril, previsto para el dos de septiembre.
La escalada de tensión social plantea un escenario de difícil resolución en el corto plazo para la administración nacional. Por un lado, la dirigente de Libres del Sur, Silvia Saravia, cuestionó el equilibrio fiscal que promueve el presidente de la Nación, Javier Milei, al señalar que el ordenamiento de las cuentas públicas se sostiene sobre una severa contracción del consumo masivo.
Por otro lado, la Iglesia católica mantiene bajo análisis una posible visita del papa León XIV, un acontecimiento que las agrupaciones comunitarias esperan capitalizar como un espacio de visibilización y debate sobre la pobreza.
Resta definir si la transición hacia el nuevo esquema de capacitación que impulsa la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, logrará absorber de manera eficiente a la población desasistida, o si la pérdida de los ingresos directos consolidará un frente de conflicto permanente en la vía pública.
Ante el avance del juicio por la causa Cuadernos, la Cámara de Casación reimplantó el bloqueo de fondos en Suiza al empresario Juan Carlos De Goycoechea, tras considerar que su embargo en pesos quedó desactualizado por la devaluación.
Luego de doce días sin operar por deudas de combustible, la aerolínea Flybondi reanudó sus vuelos en Argentina bajo la órbita de su nuevo dueño, el grupo estadounidense COC Global, que denunció por presunto fraude a la conducción anterior.
Mediante la oficialización del decreto 590/2026, las autoridades nacionales convocaron a un concurso público internacional para explorar hidrocarburos en el área CAN_200, impulsados por el interés de una firma extranjera.
Futbolistas argentinos celebraron la clasificación a la final del Mundial en Atlanta desplegando una bandera sobre las Islas Malvinas, una acción que desafió las restricciones de seguridad y expone al plantel a sanciones de la FIFA.
Agrupaciones comunitarias y gremios iniciarán protestas contra la eliminación del programa Volver al Trabajo y la parálisis de obras de integración, tras el fallo judicial que habilitó la clausura del esquema social desde agosto.
El autor del segundo gol de Argentina en el triunfo por 2 a 1 frente a Inglaterra además señaló: “Hoy soy un hombre que disfruta de la vida”.
El mediocampista metió un bombazo para estirar el partido.
Una mujer de 36 años, cuyo testimonio facilitó el veredicto de culpabilidad contra los principales acusados por el homicidio del empresario, apareció sin vida en una vivienda de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador.
