El ministro Federico Sturzenegger impulsará un proyecto de 144 páginas para liberar el mercado de medicamentos, combustibles, libros y transporte marítimo mediante la eliminación de controles estatales.
El ministro Federico Sturzenegger impulsará un proyecto de 144 páginas para liberar el mercado de medicamentos, combustibles, libros y transporte marítimo mediante la eliminación de controles estatales.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado elaboró un borrador de 144 páginas que elimina y modifica normas en salud, energía, transporte, agro y finanzas. La propuesta, liderada por Federico Sturzenegger, aún permanece bajo revisión en la Casa Rosada sin fecha formal de ingreso al Congreso Nacional. Fuentes de la Presidencia descartaron que el texto definitivo incluya un pedido de facultades delegadas.
El sector salud concentra uno de los cambios más sensibles para el consumo cotidiano. El texto autoriza la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias, habilitando la venta en góndolas y la distribución a domicilio mediante plataformas digitales. La medida busca dar respaldo legal a disposiciones que sufrieron frenos judiciales tras el decreto de necesidad y urgencia 70/23 (DNU 70/23).
El mercado energético del gas licuado de petróleo (GLP) atravesará una liberación completa de precios. La propuesta contempla la derogación de la ley 26.020 para retirar la intervención estatal en la fijación de precios, cupos de distribución y márgenes de rentabilidad de las garrafas. El Estado limitará su función únicamente a la fiscalización de la seguridad técnica.
El ámbito cultural registrará la derogación de la ley de precio uniforme del libro. La medida permitirá que comercios, cadenas y supermercados establezcan libremente descuentos sobre publicaciones, eliminando el régimen de protección vigente para librerías independientes.
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El transporte marítimo y fluvial habilitará la operación de buques de bandera extranjera en el cabotaje nacional. El régimen contempla un esquema progresivo para la tripulación argentina, que comenzará sin exigencias los primeros 90 días hasta alcanzar el 75% al año de operaciones. Paralelamente, se eliminarán los aranceles de importación para embarcaciones de hasta 20 años que adopten la bandera nacional.
El sistema financiero incorporará validez legal para contratos inteligentes (smart contracts) y la tecnología blockchain (cadena de bloques) en la constitución de garantías. Asimismo, se autorizará el uso de activos virtuales y criptomonedas para el respaldo de obligaciones, junto a la creación de un registro federal unificado para prendas y certificados de depósito digitalizados.
Los servicios profesionales inmobiliarios perderán la exigencia de título universitario y matriculación obligatoria. La intermediación comercial requerirá únicamente mayoría de edad y título secundario completo, eliminando además los aranceles mínimos o comisiones fijas de los corredores públicos.
La producción agrícola y ganadera registrará modificaciones sustanciales. El proyecto deroga la ley de arrendamientos rurales para encuadrar los contratos bajo el Código Civil y Comercial. En la industria vitivinícola, se dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y se recortan las facultades del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), dejando como optativos los controles de origen y varietal.
El financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) perderá las contribuciones obligatorias a partir del 1 de octubre de 2027, pasando a un esquema voluntario. En materia tributaria, las cooperativas con excedentes superiores a $500 millones anuales perderán la exención general en el impuesto a las ganancias.
La iniciativa gubernamental enfrenta un escenario legislativo complejo, dado que el Congreso mantiene en espera otros proyectos del Poder Ejecutivo. El debate parlamentario determinará el alcance definitivo de este nuevo esquema de liberalización económica. ¿Representa esta desregulación profunda el camino adecuado para dinamizar la competencia o vulnera la protección de los sectores productivos y consumidores?
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