La UTEP prepara interrupciones de tránsito a escala nacional tras la cancelación de subsidios laborales

Los movimientos sociales realizarán cortes sorpresivos en todo el país en rechazo a la baja del programa Volver al Trabajo. El Gobierno ratificó que aplicará el protocolo antipiquetes, mientras crecen la tensión en las calles y los reclamos sectoriales.

Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular

Una jornada de fuerte conflictividad en las carreteras del país se perfila para las próximas horas ante el plan de lucha anunciado por las agrupaciones de la economía popular. Las centrales del sector informal dispusieron la concreción de bloqueos sorpresivos en arterias clave, puentes estratégicos y pasos interprovinciales con el propósito de manifestar su rechazo ante la quiebra definitiva del beneficio económico que percibían cerca de un millón de beneficiarios del esquema estatal de formación. Con el objetivo de eludir el despliegue preventivo de las fuerzas federales, la localización exacta de las interrupciones se mantendrá en reserva hasta el momento del inicio de las medidas.

Los voceros del gremio que agrupa a los trabajadores no registrados señalaron que la supresión de estos haberes golpea de manera directa el consumo básico en los comercios de proximidad y agrava la situación en las periferias urbanas. Asimismo, las organizaciones confirmaron que estas acciones constituyen la antesala de una gran marcha hacia la sede gubernamental que coincidirá con las habituales movilizaciones religiosas de agosto, en un marco de crecientes reclamos por el deterioro del poder adquisitivo y el incremento del desempleo informal.

Desde la administración central, los funcionarios del Ministerio de Capital Humano y de las carteras de seguridad reiteraron que no existirá marcha atrás en la reestructuración de la ayuda social, contando con la convalidación de los tribunales federales para liquidar los antiguos programas e implementar un sistema enfocado en la capacitación directa. Las autoridades advirtieron que todo intento de bloquear vías de jurisdicción nacional será neutralizado mediante las fuerzas de seguridad, aplicando el protocolo vigente para despejar la calzada pública.

Mientras los dirigentes comunitarios acusan al Ejecutivo de sostener un superávit a costa del estancamiento del consumo y la desprotección de los sectores vulnerables, el Gobierno pondera la reducción drástica de las concentraciones en el centro porteño como un logro de gestión. La contienda judicial y callejera promete escalar, al tiempo que diversos actores institucionales y religiosos manifestaron su preocupación por el grado de fragmentación social y la pérdida de puestos de trabajo en el actual contexto económico.

Nota escrita por:
Te recomendamos...