Mediante una cadena nacional, el presidente Javier Milei presentará la próxima semana la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa busca prohibir por ley la emisión para el Tesoro y reforzar la autonomía monetaria.
Mediante una cadena nacional, el presidente Javier Milei presentará la próxima semana la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa busca prohibir por ley la emisión para el Tesoro y reforzar la autonomía monetaria.
La mesa política del oficialismo, integrada por la secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo, entre otros funcionarios, ratificó el avance de la propuesta en la Casa Rosada.
El texto, redactado conjuntamente por Caputo, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el titular del Banco Central Santiago Bausili, se encuentra en sus tramos finales de revisión técnica dentro del Ministerio de Economía antes de su envío a la Secretaría de Legal y Técnica que conduce María Ibarzabal.
El eje central del proyecto propone la derogación de los cambios introducidos en 2012 bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont, cuando se amplió el rol de la entidad financiera hacia metas de empleo y desarrollo económico.
La nueva norma busca emular modelos de bancas centrales independientes, como la del Perú, concentrando los objetivos exclusivamente en la estabilidad monetaria. Para ello, el texto contempla la eliminación de los adelantos transitorios al Tesoro Nacional, la prohibición de emitir Letras Intransferibles y severas restricciones para la distribución de utilidades contables.
Paralelamente, la propuesta contempla blindar la estabilidad de las autoridades del organismo. La intención del Ejecutivo radica en endurecer los requisitos para la remoción del presidente y los miembros del directorio de la entidad, otorgando un rol de mayor peso al Senado de la Nación para la validación de los cargos. En esa línea, la senadora Patricia Bullrich mantuvo conversaciones con el Poder Ejecutivo para coordinar la estrategia parlamentaria en la Cámara alta.
El proyecto incluye además un capítulo sobre responsabilidades administrativas y sanciones penales para los funcionarios que autoricen el uso de la emisión monetaria como vía de financiamiento fiscal.
Aunque el Gobierno intentó impulsar una iniciativa similar el año pasado sin lograr tratamiento legislativo, la Casa Rosada confía en que este nuevo intento fortalezca la credibilidad del programa económico y sirva de eje en la agenda del segundo semestre.
El Gobierno prevé enviar la iniciativa al Congreso durante el mes de agosto, en un contexto legislativo donde el oficialismo requerirá tejer acuerdos con bloques aliados para alcanzar las mayorías necesarias.
Resta definir si la restricción estricta al financiamiento monetario permitirá conservar herramientas de liquidez para la administración de reservas sin comprometer la operatividad diaria de la autoridad monetaria. ¿Logrará el Parlamento acordar un nuevo marco normativo que garantice la estabilidad monetaria de largo plazo, o prevalecerán las diferencias sobre las herramientas de política económica del Estado?
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