Un anteproyecto del Ministerio de Desregulación propone derogar la ley de precio fijo de los libros. Mientras el Ejecutivo promete precios más accesibles por la competencia, editores y libreros advierten sobre el riesgo de cierre para locales independientes y menor diversidad cultural.
El Gobierno nacional avanza en la elaboración de un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, que busca eliminar el régimen de precio fijo de los libros en la Argentina. La iniciativa apunta a derogar la Ley 25.542, vigente desde 2001, la cual establece que las editoriales fijan un valor único e inamovible para la venta al público en todo el territorio nacional.
Puntos clave sobre la iniciativa de desregulación editorial:
Ley 25.542 en la mira: la norma actual prohíbe descuentos individuales por parte de comercios.
Argumento del Gobierno: sostiene que la libre competencia generará precios más accesibles.
Alerta en la industria: libreros y editores temen la desaparición de locales independientes.
Efecto e-commerce: advierten sobre el dominio de grandes plataformas y supermercados.
Desde la cartera que encabeza Sturzenegger explican que la reforma no elimina librerías ni derechos de autor, sino que remueve una prohibición para competir comercialmente. El objetivo oficial plantea que la apertura de promociones y descuentos permitirá a los consumidores acceder a mejores tarifas, argumentando que la experiencia internacional no demuestra que el precio fijo sea imprescindible para proteger la oferta de títulos.
Sin embargo, la inmensa mayoría de la cadena editorial expresó una profunda preocupación. Tanto la Cámara Argentina del Libro (CAL) como la Fundación El Libro coincidieron en que la ley actual actúa como la columna vertebral que preserva la bibliodiversidad y evita que grandes plataformas digitales o hipermercados utilicen los best sellers con precios de liquidación para traccionar clientes, ahogando a los comercios de barrio.
Referentes de grandes cadenas de librerías y de editoriales independientes remarcaron que el modelo chileno o colombiano, donde no existe precio único, se tradujo en una drástica reducción de puntos de venta físicos y editoriales pequeñas. Asimismo, alertan que, si bien en el corto plazo la competencia podría generar alguna rebaja puntual, a largo plazo la concentración del mercado terminará derivando en un encarecimiento generalizado.
Especialistas del sector recuerdan además el impacto global de gigantes como Amazon en Estados Unidos o Brasil, cuya política de agresivos descuentos derivó en el quiebre de históricas cadenas y comercios tradicionales. De igual modo, remarcan que el precio real del libro en la Argentina ha aumentado por debajo de la inflación general, desmintiendo que la norma vigente sea la causante de los altos costos.
Pese al rechazo mayoritario a la derogación total, diversos actores del sector reconocen que la Ley 25.542 requiere una actualización urgente. Redactada hace más de dos décadas, la norma no contempla el fenómeno de la venta digital ni el comercio electrónico, ni resuelve asimetrías impositivas históricas como el impacto del IVA sobre el alquiler de los locales comerciales frente a las plataformas.
Asimismo, referentes de la industria señalan la distorsión que genera la imposibilidad de trasladar los costos de flete a las provincias más alejadas de la capital, donde las librerías deben absorber los envíos sin poder modificar el precio final. Ante esto, la postura predominante en el ámbito cultural insiste en modernizar la legislación vigente para proteger a los canales físicos sin desproteger a los lectores ni romper el tejido librero nacional.
Fuente: Infobae.
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