El Gobierno presentará la Ley de Inocencia Fiscal para incentivar el uso de dólares no bancarizados. El proyecto elimina límites patrimoniales, valida operaciones inmobiliarias en efectivo y otorga mayores garantías jurídicas a los contribuyentes ante la agencia tributaria.
El Ministerio de Economía enviará al Congreso el proyecto reformulado de Inocencia Fiscal, una iniciativa pensada para dinamizar los ahorros no bancarizados en la economía formal. Desarrollado junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y especialistas del sector, el nuevo texto busca resolver las dudas planteadas por tributaristas y otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes que utilicen el esquema simplificado.
El cambio más relevante es la eliminación de los techos de ingresos anuales y patrimonio. Ahora, cualquier residente fiscal en el país podrá acceder al régimen —siempre que no integre la nómina de grandes contribuyentes—, lo que amplía notablemente el universo de personas protegidas por el mecanismo que impide al fisco cuestionar el origen de los fondos.
La propuesta aporta un alivio clave para el sector inmobiliario al validar de forma explícita las operaciones en efectivo concretadas en escrituras públicas, evitando que estas transacciones deriven en la pérdida de los beneficios impositivos. Además, flexibiliza el criterio ante posibles inconsistencias con el fisco: si el contribuyente rectifica y cancela la diferencia dentro de los 15 días hábiles tras ser notificado, conservará el resguardo legal.
Para dar previsibilidad, la ley exige que sea el organismo recaudador quien deba probar cualquier irregularidad, limitando las presunciones automáticas por depósitos bancarios. En paralelo, la Unidad de Información Financiera y los bancos deberán considerar la adhesión a este esquema como un antecedente positivo al evaluar el perfil de riesgo del cliente, motivo por el cual se resolvió prorrogar los vencimientos de la declaración jurada de Ganancias.
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