Trump solicitó blindaje legal para Delcy Rodríguez en los tribunales de Miami

El Gobierno de EE. UU. solicitó inmunidad judicial para Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, en una causa por torturas a tres estadounidenses. Washington la reconoce como jefa de Estado en activo, excluyéndola de la indemnización millonaria ordenada en Florida.

Delcy Rodríguez

En un movimiento estratégico dentro de los estrados internacionales, la Casa Blanca solicitó la desestimación de los reclamos civiles contra la máxima autoridad interina del país caribeño. Mediante una presentación remitida a la corte del distrito Sur de Florida, la representación del Ejecutivo norteamericano argumentó que la investidura de la dirigentas como máxima representante de un Gobierno extranjero le otorga resguardo procesal absoluto frente a las demandas tramitadas en suelo estadounidense, una prerrogativa supeditada a las facultades presidenciales de conducción de la política exterior.

La petición surge en el marco del litigio iniciado por Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval, ciudadanos estadounidenses retenidos en territorio venezolano durante dos mil veintidós. Aunque un magistrado federal determinó un resarcimiento económico de trescientos catorce millones de dólares por los abusos sufridos por las víctimas en dependencias de seguridad, las autoridades gubernamentales de Washington insisten en que la actual titular del Ejecutivo venezolano debe ser excluida formalmente del listado de sancionados.

La gestión ante las dependencias judiciales comenzó tras una notificación diplomática emitida por la delegación venezolana, derivando en un pronunciamiento formal donde se ratificó el estatus de la mandataria mientras ejerza sus funciones institucionales. Las autoridades de Asuntos Exteriores enfatizaron la relevancia de esta salvaguarda para mantener los canales institucionales abiertos y preservar el rumbo de las negociaciones bilaterales entre ambas administraciones.

Esta posición procesal hacia la jefatura interina contrasta con las acciones penales que pesan sobre otros antiguos integrantes del aparato estatal. Mientras la justicia estadounidense sostiene imputaciones por narcotráfico e ilícitos financieros contra Nicolás Maduro —aprehendido a inicios de año y bajo custodia en Nueva York— y sobre el empresario Alex Saab, el Gobierno federal apela a la inmunidad diplomática de Rodríguez para proteger los intereses geopolíticos de Washington en la región.

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