Ante las resistencias de las provincias y tras postergar el debate, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger encabezan una reunión clave en el Senado para acordar la redacción definitiva antes de la sesión del 6 de agosto.
Ante las resistencias de las provincias y tras postergar el debate, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger encabezan una reunión clave en el Senado para acordar la redacción definitiva antes de la sesión del 6 de agosto.
En el marco de una serie de intensas tratativas, la referente parlamentaria del oficialismo, Patricia Bullrich, y el titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se reunieron en el Senado con el propósito de consensuar los cambios finales a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La iniciativa, considerada crucial por el Poder Ejecutivo, aspira a llegar al recinto el próximo 6 de agosto tras superar repetidas postergaciones y modificaciones sustanciales.
El encuentro a puertas cerradas contó con la participación de figuras clave del esquema gubernamental y legislativo: la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña.
Asimismo, integraron las deliberaciones los equipos de trabajo dirigidos por Agustín Coto y Nadia Márquez, titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General respectivamente, junto a representantes de los bloques federales encargados de transmitir las demandas provinciales.
El objetivo central de la mesa de trabajo consiste en fijar una redacción firme que evite sorpresas o modificaciones imprevistas durante el debate plenario, luego de que el proyecto atravesara al menos 15 versiones y sufriera tres suspensiones en su tratamiento parlamentario.
El foco de mayor discusión se concentró en la reforma del régimen de Tierras Rurales. La normativa actual restringe la adquisición por parte de capitales extranjeros al 15% del territorio nacional, provincial o municipal, fijando además que ninguna nacionalidad individual supere el 30% de dicho margen y limitando a 1.000 hectáreas la tenencia por titular en la zona núcleo.
La propuesta gubernamental elimina los topes generales para privados extranjeros, reservando restricciones específicas únicamente para Estados extranjeros u organismos públicos dependientes, sobre los cuales pesa una prohibición genérica susceptible de excepciones previa evaluación del Ejecutivo en materia de seguridad o soberanía nacional.
Dentro del dictamen aprobado previamente, se contempló otorgar a los gobernadores provinciales facultades para autorizar, regular o vetar la venta de superficies dentro de sus dominios. No obstante, persisten objeciones técnicas sobre el alcance de estas competencias y si la Nación debe conservar una tutela directa sobre áreas de valor estratégico.
La búsqueda de consenso legislativo no estuvo exenta de fricciones en el seno del oficialismo. La incorporación de modificaciones territoriales generó discrepancias con Sturzenegger, de quien trascendieron reparos sobre la posibilidad de aplicar un veto si el texto aprobado distorsionaba el espíritu desregulador original.
Por otro lado, la posición frente al capítulo inmobiliario rural detonó un contrapunto público e institucional entre Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien planteó duras críticas en defensa de la integridad territorial.
Las desavenencias derivaron incluso en episodios judiciales entre colaboradores cercanos antes de que ambas referentes sostuvieran un encuentro presencial en la Cámara alta para encauzar la estrategia legislativa.
Pese a las divergencias internas y a las modificaciones previas —como la eliminación del apartado sobre barrios populares consensuada con sectores de la oposición y la Iglesia—, en la Casa Rosada confían en contar con los avales necesarios.
Respaldado por las recientes definiciones del presidente Javier Milei sobre la defensa irrestricta del orden liberal, el bloque oficialista confía en asegurar los votos para obtener la sanción definitiva tras la reanudación de la actividad parlamentaria.
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