El Sindicato de Camioneros convocó a una asamblea extraordinaria para destituir a Claudio Balazic, exsecretario administrativo investigado por una presunta estafa de 10 millones de dólares en un hotel gremial. La causa judicial imputa a siete involucrados.
La cúpula directiva encabezada por Hugo Moyano fijó una reunión extraordinaria con los representantes de las diversas filiales para someter a votación la expulsión definitiva del exresponsable de la Secretaría Administrativa, Claudio Balazic. El encuentro, citado en las instalaciones hoteleras que el gremio posee en el barrio porteño de San Telmo, abordará el dictamen elaborado por el órgano fiscalizador interno sobre el desempeño del dirigente, evaluando la revocación formal de su condición directiva dentro de la estructura orgánica.
El acusado, quien supo integrar el círculo de mayor proximidad al liderazgo gremial e incluso desempeñó funciones en el ámbito deportivo durante la gestión de Moyano al frente del club Independiente, enfrenta un proceso de distanciamiento definitivo. A diferencia de otros miembros desplazados preventivamente de sus tareas funcionales, el involucrado habría entablado una demanda económica por el cese del pago de sus emolumentos corporativos, lo que aceleró la decisión patronal de formalizar su desplazamiento mediante los mecanismos institucionales vigentes.
El trasfondo de esta resolución radica en el expediente instruido por la fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata, donde se indaga sobre supuestas maniobras de sobreprecios en la provisión de insumos y servicios en el establecimiento hospedatorio “15 de Diciembre”. De acuerdo con los peritajes promovidos tras la denuncia del propio sindicato, las distorsiones contables y el presunto perjuicio patrimonial ascenderían a una suma multimillonaria en moneda extranjera.
La causa judicial mantiene imputadas a siete personas, entre las que figuran excolaboradores del hotel marítimo, profesionales contables, proveedores comerciales y miembros de la tesorería. Mientras los peritos informáticos y financieros analizan el material secuestrado en las oficinas administrativas del predio, la conducción sindical busca consumar la remoción orgánica de los sospechados para encuadrar el procedimiento bajo las exigencias legales y estatutarias correspondientes.
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