Los allanamientos policiales concretados en propiedades vinculadas a Leal en Buenos Aires y Mendoza derivaron en la incautación de más de 2,5 millones de dólares en efectivo, monedas de diversos países y dosis de ketamina, MDMA, cocaína y cannabis.
A pesar de los secuestros, la representación fiscal advirtió que la investigación judicial no aportó evidencias concretas sobre maniobras de venta o distribución de sustancias.
El exfuncionario afronta de manera simultánea investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones durante sus gestiones públicas. En el expediente radicado en los tribunales federales de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, Leal prestó declaración indagatoria mediante un escrito en el que rechazó las imputaciones por sobreprecios y sostuvo que no intervenía en los procesos licitatorios de la compañía satelital.
Bajo la supervisión de la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica, el procesado mantendrá la prohibición estricta de salir del inmueble, salvo emergencias médicas debidamente notificadas. Su pareja, Julieta Griffa Berro, fue designada como garante judicial del cumplimiento de las pautas impuestas, mientras la causa principal analiza la reconfiguración de la imputación penal.
El otorgamiento de la morigeración de la prisión preventiva abre el debate sobre las capacidades reales del sistema carcelario para tratar consumos problemáticos en procesados.
Al mismo tiempo, expone las dificultades técnicas de las fiscalías para sostener acusaciones por narcotráfico cuando las pruebas recolectadas no logran diferenciar el acopio para venta del consumo personal.