Claudio Barrelier, imputado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, recibió subsidios estatales mientras trabajaba para la municipalidad y registraba antecedentes por violencia. La causa suma cuatro detenidos tras determinarse que la menor fue abusada y asesinada.
El avance del proceso judicial por la agresión fatal y posterior ocultamiento del cuerpo de la joven Agostina Vega puso bajo la lupa una red de asistencias económicas estatales percibidas por el sospechoso central. Claudio Barrelier, quien actualmente cumple prisión preventiva en un penal de máxima seguridad, percibió partidas monetarias provenientes de la cartera de Desarrollo Social cordobesa hacia finales del período anterior. Las asignaciones dinerarias fueron liquidadas a pesar de que el individuo arrastraba antecedentes penales recientes por haber retenido contra su voluntad a otra persona en la misma vivienda familiar.
El trámite para la obtención de estos recursos asistenciales fue gestionado a través de los canales digitales oficiales del Estado provincial. De forma paralela a estos cobros, el acusado desempeñaba labores dentro del esquema del municipio capitalino, puesto al que accedió mediante influencias políticas locales a pesar de sus compromisos con la justicia penal.
Las reconstrucciones del caso indican que la menor de catorce años fue llevada al domicilio ubicado en la zona de Cofico, sitio donde sufrió la agresión violenta que le ocasionó la muerte por asfixia, además de ser víctima de ataques contra su integridad sexual. Posteriormente, los restos de la damnificada fueron trasladados hacia una zona descampada en las inmediaciones del barrio Ampliación Ferreyra con el objetivo de ocultar el ilícito.
En la actualidad, la causa cuenta con cuatro personas privadas de la libertad. Además del agresor directo, tres individuos enfrentan cargos por complicidad agravada, entre quienes figuran el habitante de la estancia donde se perpetró el ataque, la propietaria del vehículo empleado para la movilidad posterior y la expareja del acusado. Todos permanecen a disposición de las autoridades judiciales mientras se completan las inspecciones oculares y las pruebas periciales.
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