La senadora Patricia Bullrich evaluó competir por la Jefatura de Gobierno porteña para aplicar reformas estructurales. Además, marcó diferencias ideológicas con Victoria Villarruel, minimizó las tensiones diplomáticas con Brasil y cuestionó la estrategia judicial de Cristina Kirchner.
La legisladora oficialista Patricia Bullrich dejó abierta la posibilidad de encabezar la nómina libertaria para presidir el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, manifestando confianza en sus antecedentes operativos para asumir dicho desafío. Durante una intervención televisiva, la representante en el Senado sostuvo que la conducción del territorio capitalino demanda un proceso de desregulación profunda, criticando la carga impositiva sobre el sector comercial y señalando deficiencias burocráticas en la estructura estatal.
En su análisis sobre la coyuntura porteña, la parlamentaria abordó el desempeño de la actual conducción comunal encabezada por Jorge Macri. Si bien reconoció ciertas intervenciones en el espacio público, se adjudicó el mérito de las principales acciones de contención frente a las manifestaciones en las calles, argumentando que la Ciudad requiere trasformaciones estructurales más ambiciosas que excedan las medidas coyunturales de ordenamiento.
Al evaluar la dinámica interna del Poder Ejecutivo, la senadora caracterizó a la vicepresidenta Victoria Villarruel como una figura afín al conservadurismo tradicional, marcadamente distante del ideario libertario. En sus apreciaciones, señaló que las divergencias doctrinarias entre la fórmula presidencial se evidenciaron plenamente durante el ejercicio del poder, sugiriendo la articulación de un espacio político alternativo por parte de la titular de la Cámara Alta.
Respecto de la estrategia legal de Cristina Kirchner tras recurrir a estamentos internacionales, la representante de la Cámara Alta interpretó la movida como el inicio de una campaña para retornar a la escena electoral emulando procesos de la región. Finalmente, en relación con las disputas diplomáticas con el gobierno de Brasil, le restó dramatismo al intercambio entre las autoridades de ambos estados, asegurando que el vínculo comercial y las relaciones institucionales bilaterales se mantienen en términos de normalidad.
Desconocidos asaltaron un juzgado de Garantías en San Martín tras forzar el acceso y desviar las cámaras de vigilancia. Los delincuentes se llevaron la computadora del juez y claves de firma digital, en medio de investigaciones por causas sensibles.
La senadora mendocina Mariana Juri solicitó a la ANAC auditar a Flybondi tras registrarse un colapso operativo con masivas cancelaciones de vuelos. El pedido exige revisar sanciones, estado de la flota y esquemas de compensación para proteger a los usuarios.
Pagni analiza la incursión de Milei en Brasil como parte de la estrategia pro-Trump contra China en Sudamérica. Paralelamente, la AFA busca blindarse con jueces afines locales ante los inminentes pedidos de extradición desde Estados Unidos.
La Justicia de Estados Unidos citó en Miami a un testigo clave por presuntas irregularidades en los fondos de la AFA administrados por TourProdEnter LLC. Las partes negocian postergar la audiencia para preservar la confidencialidad de la investigación.
El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono de $70.000 para jubilados de menores ingresos en agosto. Además, fijó el haber mínimo en $419.775 y la jubilación máxima en $2.824.694, ajustando también las restantes prestaciones previsionales.
El gobierno de Brasil mantuvo a su embajador en Brasília tras reuniones con Lula y el canciller Vieira. Aunque Argentina bajó el tono del conflicto, Brasilia aplazó el regreso del diplomático para seguir evaluando las relaciones bilaterales tras los insultos.
La senadora Patricia Bullrich evaluó competir por la Jefatura de Gobierno porteña para aplicar reformas estructurales. Además, marcó diferencias ideológicas con Victoria Villarruel, minimizó las tensiones diplomáticas con Brasil y cuestionó la estrategia judicial de Cristina Kirchner.
Trece provincias argentinas necesitarán más de 1.000 millones de dólares para saldar deudas en el segundo semestre. La provincia de Buenos Aires encabeza los pagos, mientras varios distritos aprovechan la baja del riesgo país para emitir nuevos bonos.
