EE.UU: informe revela uso de jaulas para encerrar migrantes

Mediante un informe oficial de Seguridad Nacional, autoridades de Estados Unidos ratificaron que el predio Alligator Alcatraz utilizó recintos metálicos reducidos para aislar a 79 personas bajo custodia migratoria antes de su clausura en Florida.

Informe federal confirma jaulas punitivas en Alcatraz de Caimanes. Foto: web.

Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que el centro de detención temporal conocido como Alcatraz de los Caimanes utilizó estructuras metálicas de 1,5 metros cuadrados para aislar a personas bajo custodia.

El reporte oficial, elaborado tras una inspección realizada el 21 de enero de 2026 en el condado de Collier, señaló que al menos 79 detenidos permanecieron en estos espacios reducidos por lapsos de hasta dos horas entre julio de 2025 y enero de 2026.

Las celdas metálicas, calificadas por la administración del recinto como áreas de tranquilización, contaban con una superficie significativamente menor a los 3,4 metros cuadrados que exigen los protocolos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para recintos individuales. El organismo de fiscalización concluyó que la medida carecía de antecedentes en instalaciones federales supervisadas y no cumplía con las normas de trato humano.

Deficiencias en infraestructura y espacio

El documento de 33 páginas detalló fallas sistemáticas en seis categorías operativas, incluyendo atención médica, alimentación y condiciones sanitarias. En los dormitorios comunes, el espacio asignado por persona alcanzó los 2,60 metros cuadrados, cifra distante de los 6,97 metros cuadrados normativos.

Los internos permanecían confinados en módulos sin ventanas, con salidas restringidas a tres comidas diarias, tres duchas semanales y una hora de recreación distribuida en tres jornadas por semana.

Paralelamente, las inspecciones registraron limitaciones en el acceso a agua potable, falta de insumos de higiene y restricciones para consultar material jurídico o contactar representación legal.

Las personas procesadas en el centro enfrentaban trámites de carácter administrativo y no cargos penales, en un contexto donde más del 70% de la población bajo custodia migratoria carecía de antecedentes delictivos.

Respuestas institucionales y disputa de competencias

Frente a los hallazgos, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la instalación operaba bajo los mismos criterios federales aplicados en administraciones anteriores y declaró que las observaciones de la inspección quedaron cerradas administrativamente.

La dependencia remitió la responsabilidad operativa al estado de Florida, encargado de la construcción y gestión del sitio a través de la División de Manejo de Emergencias, mientras el servicio de migración mantenía la custodia legal de los procesados.

Por su parte, el director de comunicaciones del gobernador Ron DeSantis, Alex Lanfranconi, defendió el uso de los recintos de confinamiento para mantener el orden interno y señaló que la infraestructura buscaba responder al incremento de la migración irregular. La construcción del complejo representó un gasto superior al millón de dólares diarios, financiado inicialmente con fondos de emergencia estatales a la espera de reembolsos federales.

Cierre de instalaciones y vacíos de control

El complejo, levantado sobre una antigua pista de aterrizaje en los humedales de los Everglades, cesó sus operaciones el 25 de junio de 2026, fecha en que las autoridades trasladaron a la totalidad de los detenidos argumentando riesgos asociados a la temporada de huracanes. El cierre ocurrió tras meses de litigios promovidos por grupos ambientalistas, la tribu Miccosukee y organizaciones de derechos civiles.

El dictamen del organismo de control constituye uno de los pocos informes críticos emitidos por una instancia de supervisión interna durante el periodo, en medio de reestructuraciones en diversas dependencias federales.

La investigación dejó al descubierto las dificultades de coordinación entre las agencias estatales y federales al establecer centros de contención de emergencia.

 

 

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