La pobreza frena su caída y vuelve a subir en el primer trimestre

La pobreza subió al 30% y la indigencia al 6,5% en el primer trimestre, interrumpiendo la tendencia a la baja. El aumento de tarifas y la precarización laboral impulsaron este deterioro, que suma 800.000 nuevos pobres según especialistas.

Leve repunte en la medición oficial durante los primeros meses del año

Las últimas cifras derivadas de la Encuesta Permanente de Hogares realizada por el organismo oficial de estadística mostraron una interrupción en el proceso de contracción de los niveles de vulnerabilidad social. Durante el primer tramo del año, la proporción de personas con insuficiencia de recursos alcanzó el treinta por ciento, en tanto que el segmento en situación extrema se ubicó en seis coma cinco por ciento, registrando un leve deterioro en comparación con las mediciones de la segunda mitad del período previo.

Diversos analistas vinculados a centros de estudio económico y académico coinciden en que el fenómeno refleja el fin del ciclo de recuperación previa. Las estimaciones privadas anticipan que esta dinámica desfavorable podría haberse profundizado en el trimestre subsiguiente debido al impacto del costo de vida sobre las economías familiares, sumando cientos de miles de ciudadanos a la condición de vulnerabilidad urbana.

Factores determinantes y profundización de la precariedad cotidiana

El repunte en las mediciones responde fundamentalmente al reajuste en los valores de las prestaciones reguladas —como los suministros energéticos, el transporte público y el agua—, los cuales absorbieron una porción mayor del presupuesto de los hogares. Esta presión tarifaria, combinada con una proliferación de ocupaciones no registradas o de corta duración, debilitó la capacidad adquisitiva de los sectores con menores ingresos.

Al mismo tiempo, los relevamientos estadísticos evidencian una acentuación en las carencias estructurales de la población afectada. Se observa una creciente dificultad en la cobertura de salud privada o sindical y una persistente falta de prestaciones sanitarias y energéticas en las viviendas, lo que consolida un deterioro sustancial en las condiciones de vida de las familias de menores recursos.

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