La recaudación de julio alcanzó $22,9 billones con una leve suba real del 1,2%, impulsada por el vencimiento extraordinario de Ganancias. Sin embargo, cayeron tributos clave como las retenciones al comercio exterior, las importaciones y las cargas previsionales.
El fisco nacional obtuvo un acumulado mensual cercano a los veintitrés billones de pesos durante el séptimo mes del período en curso, alcanzando un tenue incremento en términos constantes. Esta variación favorable responde prioritariamente al ingreso concentrado de los pagos correspondientes al gravamen sobre los ingresos personales, cuya fecha de expiración se vio modificada respecto al ejercicio previo. Sin embargo, el tributo asociado a las ventas generales evidenció un estancamiento en la medición ajustada, reflejando una dinámica de consumo heterogénea entre el comercio doméstico y las operaciones transfronterizas.
En el desglose global, las previsiones inflacionarias del mes permitieron sostener una mejora en términos constantes dentro de la masa total acumulada en lo que va del año. A pesar del aporte de las obligaciones patrimoniales y de la renta, las retenciones aplicadas al comercio exterior y los aranceles de importación sufrieron contracciones significativas, limitando el margen de expansión de las finanzas estatales.
Las mediciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal señalan que la mayor parte de las categorías impositivas completó siete períodos consecutivos de retroceso en la comparación con el año precedente. Mientras que la recaudación asociada a los derivados del petróleo y el patrimonio de bienes personales experimentaron repuntes de consideración, la percepción sobre débitos bancarios y las obligaciones aduaneras mostraron reducciones reales de doble dígito.
En simultáneo, el renglón dedicado a las contribuciones del sistema jubilatorio y de la seguridad social anotó una leve baja interanual en términos reales. Este comportamiento en las cargas laborales se vincula con la evolución de los sueldos registrados y la masa global de trabajadores formalizados, factores que continúan marcando el pulso de los ingresos corrientes de la recaudación tributaria nacional.
La Prefectura Naval intimó a 536 profesionales de practicaje a reanudar sus tareas bajo amenaza de sanciones y denuncias penales. La medida de fuerza paralizó a más de 140 buques en rechazo al decreto de desregulación impulsado por el Gobierno.
La justicia hondureña concedió la libertad condicional al expresidente Juan Orlando Hernández, quien solo tendrá prohibido salir del país. Enfrenta cargos por el presunto desvío de diez millones de dólares públicos para financiar su campaña electoral de 2013.
Alejandro Toledo, encarcelado por corrupción a sus 81 años y con un delicado estado de salud, solicitó un indulto humanitario a la presidenta Keiko Fujimori. La decisión final sobre su excarcelación reaviva una histórica rivalidad política en Perú.
La recaudación de julio alcanzó $22,9 billones con una leve suba real del 1,2%, impulsada por el vencimiento extraordinario de Ganancias. Sin embargo, cayeron tributos clave como las retenciones al comercio exterior, las importaciones y las cargas previsionales.
Diversos países de América Latina delegan la seguridad pública en las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. Sin embargo, especialistas advierten que esta estrategia genera vulneraciones a los derechos humanos y desvirtúa la función civil de la policía.
El gobernador Hugo Passalacqua renunció al partido de Carlos Rovira, consolidando la ruptura del oficialismo en Misiones. El mandatario proyecta competir con un sello propio en 2027 debido a sus profundas diferencias sobre la relación con el Gobierno nacional.
El sindicalista Facundo Moyano fue aprehendido por la policía en Belgrano tras perseguir en la vía pública a una mujer que salió desnuda de un edificio durante la madrugada. Las autoridades judiciales investigan las causas del altercado.
Claudio “Chiqui” Tapia solicitó acceso a la causa que investiga a Guillermo Tofoni y Foster Gillett por presunto lavado de dinero. La AFA evalúa ser querellante al considerar que las operaciones irregulares con futbolistas perjudicaron sus ingresos económicos.
