Imputaron a 27 exlíderes de las FARC por crímenes de lesa humanidad

La JEP imputó a 27 antiguos mandos de las FARC por crímenes de lesa humanidad como el ataque a El Nogal y la toma de Mitú. Los procesados tienen un mes para aceptar los cargos o enfrentar penas de cárcel.

Jurisdicción Especial para la Paz, Colombia

Imputación masiva por ataques históricos y agresiones territoriales

La jurisdicción creada tras los convenios de 2016 formalizó cargos contra un grupo de veintisiete antiguos mandos de la extinta insurgencia por actos aberrantes cometidos en quince departamentos de Colombia. Las pesquisas corresponden a las actuaciones de los frentes Sur y Oriental, estructuras con fuerte presencia operacional y logística durante el conflicto armado. La resolución atribuye responsabilidad directa a figuras relevantes de la extinta dirigencia guerrillera, entre ellas Rodrigo Londoño y otros altos mandos, por atentados emblemáticos como la detonación en el Club El Nogal, el asesinato del dirigente Álvaro Gómez y la incursión armada en la población de Mitú, además de abusos de género empleados como mecanismo de coacción contra comunidades rurales.

Desde la magistratura judicial destacaron la relevancia de sistematizar miles de testimonios que visibilizan sucesos de violencia antes omitidos por los tribunales tradicionales. El dictamen marca un hito en el procesamiento de violaciones graves a los derechos humanos, exponiendo la trama de operaciones de los contingentes que operaron en regiones estratégicas del territorio sudamericano.

Plazos procesales y defensa del sistema transicional ante los cuestionamientos políticos

Frente a las críticas vertidas por sectores políticos que asumen la conducción del país y cuestionan la efectividad del tribunal, las autoridades de la sala reafirmaron la solidez de las investigaciones al señalar la baja tasa de efectividad que registraban estos expedientes en los estrados ordinarios. Los jueces remarcaron que el modelo restaurativo ha permitido identificar a más de un centenar de máximos responsables e integrar hechos olvidados en la reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas.

Los excombatientes imputados dispondrán de un período de treinta días hábiles para decidir si aceptan la atribución de responsabilidades. De admitir los cargos, accederán a esquemas de reparación comunitaria y proyectos de reconstrucción social; de lo contrario, el proceso se derivará a la unidad acusatoria del organismo, donde se exponen a sanciones penales de hasta dos décadas de reclusión efectiva.

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