Detuvieron al jefe antidrogas de la PFA en Córdoba por corrupción y hurto

El jefe de la División Antidrogas de la PFA en Córdoba fue detenido en Bouwer por hurto, peculado y falsedad ideológica. La justicia lo investiga por apropiarse de perros, dinero de allanamientos y usar recursos oficiales para viajes personales.

Servicio Penitenciario de Córdoba. Foto: Web

Imputaciones por irregularidades en procedimientos y malversación de recursos estatales

Un comisario de la Policía Federal Argentina fue trasladado al establecimiento penitenciario de Bouwer tras ser procesado por diversas anomalías detectadas en el desempeño de sus funciones. La medida judicial, dictada por los tribunales federales de la provincia, abarca cargos por sustracción de bienes, falsificación de documentos, mal uso de fondos públicos y recepción de regalos indebidos. La causa involucra además a tres subordinados que permanecen en libertad mientras avanza la etapa instructiva.

Entre las anomalías documentadas en el expediente se destaca la desaparición de montos en divisas extranjeras y moneda nacional durante inspecciones judiciales, así como el traslado no autorizado de dos perros de raza hacia su domicilio personal. A esto se suma el empleo sin justificación de vehículos de la fuerza y partidas de combustible institucional para efectuar desplazamientos de índole particular hacia la ciudad de Rosario.

Denuncias internas, avance de las pesquisas y orden de restricción

El origen de la investigación administrativa y judicial se remonta a los señalamientos presentados por una integrante de la propia división, quien reportó presuntas represalias laborales tras exponer las conductas irregulares. Ante el riesgo de presiones sobre el personal policial que debía prestar testimonio en la causa, los magistrados intervinientes determinaron la privación preventiva de la libertad del jefe policial.

Durante la instancia de indagatoria, el imputado rechazó las acusaciones planteadas por los instructores del caso, argumentando errores de identificación en los operativos señalados y sosteniendo que la tenencia de las mascotas respondió a una entrega voluntaria. Los peritajes patrimoniales y contables continúan incorporándose al expediente para delimitar las responsabilidades penales del funcionario.

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