La Cámara alta dio media sanción en general al proyecto oficialista por 37 votos contra 33. Tras retirar las reformas de Manejo del Fuego y Tierras, la sesión registró duros cruces entre senadores.
La Cámara alta dio media sanción en general al proyecto oficialista por 37 votos contra 33. Tras retirar las reformas de Manejo del Fuego y Tierras, la sesión registró duros cruces entre senadores.
La sesión del Senado se extendió por más de diez horas y concluyó en la madrugada del viernes con la media sanción del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por La Libertad Avanza.
La iniciativa obtuvo 37 votos afirmativos y 33 negativos, tras un extenso debate legislativo marcado por negociaciones de última hora y la retirada de uno de los capítulos más cuestionados del texto original.
El oficialismo logró aprobar el proyecto en general con el respaldo de bloques aliados y gobernadores provinciales, pero debió resignar el capítulo que modificaba la Ley Nacional de Manejo del Fuego.
La decisión fue anunciada por el senador libertario Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, antes de la votación, y fue recibida con aplausos por sectores de la oposición.
Este fue el segundo apartado que el Gobierno eliminó del proyecto en menos de 48 horas. En las jornadas previas, el oficialismo ya había desistido de incluir las modificaciones a la Ley de Tierras que habilitaban la extranjerización de tierras (venta de grandes extensiones a ciudadanos y empresas extranjeras), tras la presión de fuerzas provinciales y la repercusión negativa que generó el tema en las últimas dos semanas.
Con la caída del capítulo de Manejo del Fuego y del apartado de extranjerización de tierras, el núcleo del proyecto quedó limitado a la regulación para acelerar desalojos y a cambios en los requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado.
Las modificaciones en materia de desalojos regirán en la Ciudad de Buenos Aires y en los predios de jurisdicción nacional que se rigen por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El texto establece un plazo de 10 días de intimación previa para desalojos por falta de pago y habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato.
En cuanto a las expropiaciones, el proyecto establece nuevos requisitos para que el Estado pueda declarar un bien de utilidad pública. La norma exige una interpretación restrictiva de esta figura, identificando de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
La indemnización por expropiación se limita al valor objetivo de mercado y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor. Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés para plazo fijo del Banco Nación.
Durante el debate, los senadores oficialistas defendieron el proyecto como una herramienta para dar certezas a los ciudadanos y fortalecer el derecho de propiedad. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, sostuvo que “propiedad privada es certeza para los ciudadanos” y criticó a la oposición por no querer discutir los detalles de los proyectos.
El senador Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, argumentó que la demora procesal para recuperar un inmueble “termina devastando el mercado de alquileres” y afirmó que “el desalojo inmediato devuelve la confianza, aumenta la oferta y hace caer el precio de los alquileres”.
Desde la oposición, los legisladores cuestionaron la iniciativa por considerar que restringe la capacidad del Estado para expropiar bienes necesarios para el bien común y que impone costos más elevados a las expropiaciones. El senador kirchnerista Martín Soria denunció que los cambios buscan “restringir la facultad de que el Estado pueda expropiar bienes necesarios para el bien común” y acusó al Gobierno de querer que “las expropiaciones le salgan cada vez más caras al pueblo argentino”.
El senador justicialista José Mayans criticó al presidente Javier Milei y afirmó que el Gobierno “somete a los argentinos a un hot sale permanente”, atribuyendo a esa política la pérdida de empresas, puestos de trabajo y el aumento del endeudamiento de la población.
Mientras se desarrollaba la sesión en el Senado, las afueras del Congreso fueron escenario de una masiva protesta en rechazo al proyecto. La movilización reunió a organizaciones de la UTEP, agrupaciones piqueteras, el peronismo bonaerense, fuerzas de izquierda, las dos CTA y la CGT.
Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo con aproximadamente 300 efectivos de Gendarmería y 821 de la Policía Federal, además de la Policía de la Ciudad. Los primeros roces ocurrieron alrededor de las 16:40, cuando un grupo de manifestantes derribó una de las vallas y el camión hidrante respondió con chorros de agua para dispersarlos.
La tensión escaló durante más de una hora. Los manifestantes rompieron veredas para extraer piedras y lanzarlas contra los efectivos, mientras algunos prendieron fuego a basura acumulada. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes en varias intersecciones del centro porteño.
El saldo de los incidentes en el Congreso fue de al menos 11 detenidos, según confirmaron fuentes oficiales, aunque algunas fuentes elevaron el número a 12. Tres agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos: un gendarme recibió un piedrazo en la cabeza y fue trasladado al Hospital Churruca, mientras que un prefecto fue atendido en el lugar. Una fotoperiodista resultó herida en la cabeza, presuntamente por una bala de goma, y fue trasladada al Hospital Argerich con traumatismo de cráneo.
Con la media sanción obtenida en el Senado, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados. La iniciativa aún debe ser votada en particular en la Cámara alta, donde podrían introducirse nuevas modificaciones antes de su envío a la Cámara baja.
El retiro de los capítulos de Manejo del Fuego y de extranjerización de tierras refleja la pérdida de apoyos del oficialismo en la oposición dialoguista y la presión política y social que generó el proyecto en las últimas dos semanas.
La pregunta que queda abierta es si el texto que finalmente llegue a Diputados mantendrá el equilibrio buscado por el Gobierno o si deberá resignar nuevos apartados para conseguir los votos necesarios.
La Cámara alta dio media sanción en general al proyecto oficialista por 37 votos contra 33. Tras retirar las reformas de Manejo del Fuego y Tierras, la sesión registró duros cruces entre senadores.
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