El Senado aprobó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que agiliza las acciones de desalojo urbano y rural. La norma establece juicios sumarísimos, exige intimar al inquilino por diez días y fija pautas de protección para sectores vulnerables.
El Senado de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca modificar de manera sustancial las acciones de desalojo en inmuebles urbanos y rurales de todo el país. La propuesta legislativa pasa ahora a la Cámara de Diputados para su definición y sanción definitiva.
Dato clave del proyecto: La nueva normativa habilita la entrega inmediata del inmueble mediante caución juratoria e introduce multas de hasta diez alquileres para quienes oculten información procesal.
El marco regulatorio aprobado establece que todos los juicios de desocupación tramitarán obligatoriamente mediante la vía sumarísima, garantizando de este modo un procedimiento judicial sustancialmente más veloz. Además, se amplía la legitimación activa para demandar, permitiendo accionar a cualquier persona física o jurídica que acredite un interés legítimo afectado por la ocupación.
En el caso de contratos con destino habitacional, la norma exige una intimación fehaciente previa por un plazo no menor a diez días corridos ante el incumplimiento en el pago de alquileres. Las notificaciones enviadas al domicilio contractual o electrónico serán plenamente válidas aunque el locatario se niegue a recibirlas o no puedan perfeccionarse por su responsabilidad.
Cumplido el plazo legal de intimación o verificada la extinción del contrato, el ocupante deberá efectuar la restitución del inmueble. El texto legal prohíbe explícitamente que el propietario se niegue a recibir las llaves, habilitando al inquilino a realizar la consignación judicial para frenar la acumulación de deudas u obligaciones accesorias.
Asimismo, la ley incorpora la figura de entrega inmediata de la propiedad para supuestos de intrusión o tenencia precaria, siempre que el derecho invocado resulte verosímil bajo caución juratoria. El juez interviniente deberá realizar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas ante denuncias por deterioro, reformas no autorizadas o usos abusivos de la finca.
Durante estas inspecciones oculares, las autoridades judiciales deberán constatar la identidad de los ocupantes mediante documento nacional y verificar su relación con el demandado en presencia del Defensor Oficial. En caso de detectarse el ocultamiento malicioso de datos o maniobras dilatorias, se aplicará una multa de hasta diez alquileres a favor del demandante.
El proyecto contempla un régimen especial de protección cuando en el inmueble habiten menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo social. En tales circunstancias, resultará obligatoria la intervención del Ministerio Público Tutelar y de los organismos de asistencia del Estado para garantizar la contención adecuada.
Para estos casos de vulnerabilidad acreditada, los magistrados otorgarán un plazo máximo de diez días orientado a estructurar una alternativa habitacional transitoria antes de ejecutar el lanzamiento. De esta manera, la normativa busca equilibrar la restitución del derecho de propiedad con la asistencia integral a los grupos en riesgo social.
Respecto a las diligencias de notificación, los oficiales públicos quedan facultados a requerir la fuerza pública, allanar domicilios y fotografiar el frente del inmueble para certificar la ubicación. Las notificaciones practicadas en el lugar surtirán efectos contra todos, extendiendo los alcances de la sentencia a los ocupantes presentes o ausentes.
Finalmente, la iniciativa incorpora el artículo 1222 al Código Civil y Comercial de la Nación para blindar los procedimientos legales y unificar los criterios de desocupación en todo el territorio nacional. Con la media sanción obtenida en la Cámara alta, el texto aguarda su tratamiento decisivo en Diputados durante las próximas semanas.
La vicepresidenta Victoria Villarruel rechazó los pedidos de renuncia formulados por el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. En las puertas de la Catedral Metropolitana, la funcionaria ratificó su compromiso institucional y justificó la expresión de disensos.
El Índice de Precios al Consumidor en la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento del 2,9% durante el mes de julio, impulsado por servicios y factores estacionales. La medición interanual alcanzó el 33,2% a la espera del reporte nacional.
Un estudio del Barómetro de las Religiones de la UBA reveló que el 35,5% de los argentinos acudió a templos religiosos en el último año. De ellos, el 45% solicitó asistencia económica, alimentaria o laboral frente a la vulnerabilidad social.
El Senado aprobó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que agiliza las acciones de desalojo urbano y rural. La norma establece juicios sumarísimos, exige intimar al inquilino por diez días y fija pautas de protección para sectores vulnerables.
La Libertad Avanza sufrió un severo repliegue parlamentario al tener que retirar los puntos más ambiciosos de su proyecto en el recinto. La falta de articulación política expone la fragilidad de la bancada oficialista e instala la duda sobre el costo en votos que esta pérdida de iniciativa podría costar en las próximas elecciones.
Al piloto argentino le sustrajeron pertenencias personales y sus elementos de rutina cotidiana en pleno descanso veraniego. El hecho expone la vulnerabilidad de los deportistas de elite en destinos turísticos del viejo continente a dos semanas del Gran Premio de los Países Bajos.
Domenico Giani, el hombre que custodió durante 22 años los pasos de tres pontífices, revela los desafíos de proteger a líderes que desafían los protocolos y detalla la compleja ingeniería logística que se desplegará en la Argentina en noviembre.
José Flores Flores busca la validación internacional como el hombre más longevo del mundo desde la provincia de Guanacaste, Costa Rica. Su rutina diaria, basada en alimentos poco procesados, trabajo físico y una fuerte red familiar, reaviva el debate sobre el peso del entorno en el envejecimiento
