Jorge Macri ultima la reglamentación del RIMI CABA para dinamizar la economía porteña. El esquema otorgará beneficios fiscales a pymes con proyectos de entre 100 mil y 9 millones de dólares, exigiendo cuatro años de permanencia productiva.
Jorge Macri ultima la reglamentación del RIMI CABA para dinamizar la economía porteña. El esquema otorgará beneficios fiscales a pymes con proyectos de entre 100 mil y 9 millones de dólares, exigiendo cuatro años de permanencia productiva.
La administración encabezada por Jorge Macri se encuentra ajustando la letra chica de la reglamentación que pondrá en funcionamiento el programa local de estímulo a la inversión media. El instrumento institucional, derivado de un entendimiento entre el bloque oficialista y el espacio libertario en el ámbito legislativo, busca instrumentar mecanismos de alivio impositivo para potenciar la llegada de capitales a la capital. Desde el Ministerio de Desarrollo Económico proyectan que la ventanilla para la recepción de solicitudes formales quede operativa hacia las primeras semanas del noveno mes del año, tras la correspondiente oficialización del texto normativo y sus anexos técnicos.
El esquema focaliza su alcance en el universo de las pequeñas y medianas estructuras productivas, abarcando rubros como el desarrollo tecnológico, los servicios, la gastronomía, la construcción y las industrias culturales. Las pautas fijadas establecen umbrales de capitalización que van desde los 100.000 hasta los 9 millones de dólares, exigiendo como contrapartida la permanencia operativa en el distrito durante un período no menor a cuatro años y la compatibilidad con el registro de seguimiento institucional.
Entre las exenciones previstas por la normativa destacan la condonación temporal de tasas inmobiliarias, la liberación del gravamen a los sellos en los contratos vinculados al proyecto y la deducción de hasta un cuarto del monto desembolsado sobre el impuesto a los ingresos brutos. Asimismo, la medida contempla líneas de crédito con condiciones preferenciales mediante la banca pública porteña, fijando un tope máximo de afectación fiscal anual de 150.000 millones de pesos para el conjunto del programa.
Quedan excluidas de esta nómina las entidades pertenecientes a los sectores financiero, bursátil y asegurador, así como aquellas firmas con antecedentes de incumplimiento en marcos promocionales previos. Con esta herramienta, el gobierno de la ciudad procura amortiguar el impacto del freno en el comercio y la manufactura local, ofreciendo previsibilidad tributaria a proyectos de menor escala que no acceden a las plataformas de fomento de alcance nacional.
El Senado dio media sanción a un proyecto que acelera los juicios de desalojo y amplia quiénes pueden iniciarlos. La iniciativa acorta plazos, permite restituciones inmediatas y fija pautas para la entrega de llaves y la protección de vulnerables.
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