Representantes del oficialismo, juristas y empresarios debatieron en el Senado la derogación de la Ley General de Sociedades. La propuesta impulsada por el Gobierno habilita la gestión mediante inteligencia artificial, mientras sectores opositores denuncian riesgos de opacidad e impunidad.
El Senado de la Nación retomó en comisión el debate del proyecto de Ley General de Sociedades impulsado por el Poder Ejecutivo. La propuesta busca derogar el régimen formalizado en 1972 e integrar herramientas tecnológicas como la firma digital, la sede electrónica y la creación de Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO) administradas por algoritmos e inteligencia artificial.
Durante la segunda reunión informativa de la Comisión de Legislación General, conducida por la senadora Nadia Márquez, doce expositores entre juristas, funcionarios y empresarios expusieron argumentos divergentes respecto a la desregulación societaria y el control estatal.
El plenario registró un tenso contrapunto entre la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen. El ex funcionario kirchnerista rechazó enfáticamente la iniciativa redactada por el Ministerio de Desregulación.
“Esto es la consagración de las sociedades comerciales como trampa, como ámbito de actuación deshonesta para que la gente de plata tenga más plata y bienes. Para lo único que sirve es para limitar la responsabilidad del empresario, que no responda por nada”, sostuvo Nissen.
A su turno, Bullrich cuestionó la gestión de Nissen al frente del organismo registral por restringir las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). “Destruyó la posibilidad que tenían los jóvenes y emprendedores de comenzar con una SAS”, replicó la senadora, al tiempo que le reprochó haber violado principios jurídicos básicos mediante resoluciones administrativas.
En la misma línea crítica, la fiscal general Gabriela Boquín advirtió sobre incongruencias técnicas en la norma: “Si utilizamos el proyecto tal cual está analizado, hubiéramos perdido el caso YPF”.
Por su parte, el abogado Marcelo Gebhardt observó que las DAO “no son un objeto de reclamo por el mundo empresario” y cuestionó que se alteren más de cinco décadas de doctrina.
En contraposición, los defensores del proyecto resaltaron la necesidad de adecuar el derecho privado a la economía digital. El docente de Derecho Societario Sebastián Balbín consideró que la norma vigente fue “concebida para una economía, una tecnología y unas empresas que hoy no existen” y valoró que el texto oficial “deja de poner el acento en controles formales”.
Desde la perspectiva del sector productivo y tecnológico, el especialista en blockchain Sebastián Heredia Querro remarcó las desventajas del sistema actual frente al mercado internacional. “Nuestras pymes compiten en un mercado global con leyes de otra época. Si no metemos estas normas en nuestro sistema, se nos van a seguir yendo emprendedores”, argumentó.
Asimismo, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, aseguró que la reforma “mantiene y fortalece el sistema de prevención de lavado de activos y brinda una oportunidad para modernizar esta legislación”, en sintonía con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Finalmente, el CEO de Satellogic, Emiliano Kargieman, valoró la incorporación de la inteligencia artificial pero sugirió aplicar una “autonomía limitada y supervisada”, mientras que la ex titular de la IGJ Débora Cohen propuso “un dispositivo de implementación gradual, con períodos de prueba”.
La comisión continuará con las rondas de debate antes de buscar dictamen. El texto del Poder Ejecutivo se encamina a recibir modificaciones durante el trámite parlamentario.
Resta definir si el Congreso logrará consensuar un marco jurídico que combine agilidad tecnológica y competitividad internacional sin descuidar la transparencia institucional y los mecanismos de fiscalización pública.
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